A finales de los años 60 del siglo pasado, luego de que culminara el Concilio Vaticano II en el que se llevó a cabo un aggiornamento de la Iglesia Católica, surgió un grupo denominado ‘Golconda’ integrado por sacerdotes afectos al socialismo que se presentaban a si mismos como “curas obreros”.
Muchos de esos pastores de la Iglesia, terminaron en las filas del terrorismo, como los españoles Manuel Pérez -que se convirtió en cabecilla del ELN- José Antonio Jiménez y Domingo Laín.
Según Walter Broderick, biógrafo del cura Pérez, la muerte de Camilo Torres marcó un punto de inflexión en el entonces seminarista español que desde muy joven tuvo una fuerte atracción hacia los movimientos revolucionarios de América latina, espacialmente Cuba. “Pero desde el momento en que supo que Camilo [Torres] había muerto, Manuel Pérez lo asumió como algo propio, una especie de norte en su vida”, se lee en la obra que sobre ese terrorista escribió Broderick bajo el título “El guerrillero invisible”.
Y en efecto fue un norte, pero de angustia, de violencia, de dolor y de heridas en un país que aún sufre los estragos de la violencia guerrillera.
Todos los seres humanos gozan de la libertad de escoger la corriente política con la que tienen mayores identidades. Y aquello, por supuesto, incluye a los religiosos.
El problema se presenta cuando la vida espiritual se entremezcla con las convicciones ideológicas, pues se rompe un delicado límite y el pastor termina por desnaturalizarse, generando una enorme confusión en quienes lo siguen.
La separación entre Iglesia y Estado, además de garantizar el laicismo, impone obligaciones de lado y lado. El Estado debe garantizar la libertad de cultos, sin perseguir los centros religiosos ni a las gentes que a ellos acuden. Y por parte de las religiones es menester que, al margen de las propias creencias, se propenda por el respeto a las normas legales vigentes y no se estimule, por parte de quienes ejercen liderazgo en las religiones, comportamientos que riñan con el Estado de Derecho.
Por eso, no son pocas las democracias que protegen al islam, pero combaten frontalmente a los imanes que, desde las mezquitas e invocando el nombre de Alá, siembran el odio a través de mensajes que radicalizan y desvirtúan el verdadero sentido del Corán.
Colombia es un país eminentemente cristiano. La Iglesia Católica ha jugado un papel fundamental en la historia nacional. En los momentos de mayor dificultad por cuenta de las muchas amenazas que ha tenido que enfrentar la República, los sacerdotes se han encargado de contener los ánimos a través de la lectura y explicación de la Palabra de Dios.
Cuando parecían cosa del pasado y motivo de estudio los casos de curas extremistas que motivaron y sembraron la violencia, vuelve a asomar su cabeza el polémico obispo de Cali, monseñor Darío de Jesús Monsalve, un sujeto que se ha hecho tristemente célebre por sus mensajes desafiantes y por su alevosa cercanía con grupos extremistas como las Farc.
En momentos de desasosiego como los que vive la capital del Valle del Cauca, cuando cientos de miles de personas sufren por las acciones de la minga violenta, Monsalve apareció para alterar aún más los ánimos.
En vez de condenar los actos vandálicos y el terror sembrado por algunos integrantes de la minga, el obispo se convirtió en abogado de oficio de los antisociales a través de una carta amañada en la que tomó partido por los aborígenes, sin expresar el menor rechazo respecto de los bloqueos, los saqueos, los atentados y las persecuciones que sus ahora prohijados han protagonizado.
En pleno siglo XXI, cuando la lucha de clases y la participación de los sacerdotes católicos en movimientos extremistas parecían cuestiones proscritas, todo indica que monseñor Monsalve tiene la intención de liderar un movimiento similar al de ‘Golconda’ que hace cerca de 50 años le hizo un daño irreparable a la democracia colombiana.
Publicado: mayo 14 de 2021
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