Resultaría por demás absurdo, negar el derecho que tienen los jóvenes colombianos a protestar por derechos que, históricamente les han sido negados o entregados a cuentagotas. El primer paso para lograr consensos en un país como el nuestro, hoy tan profundamente fracturado, es reconocer que aunque mucho se ha venido haciendo, aún nos falta en materia de equidad.
Sin embargo, nadie puede negar que detrás de esta coyuntura en la que muchos decidieron volcarse a las calles, buscando ser escuchados, está la sombra de un movimiento criminal que no ha escatimado esfuerzos para alterar el orden, deslegitimar y someter a la institucionalidad, y ganar a la fuerza lo que no se logró en Democracia, sumiendo al país en una espiral de violencia sin precedentes.
La narrativa de estas fuerzas oscuras tiene tal poder de alentar a la anarquía, que las cosas realmente importantes pasaron a un segundo plano. Esta violencia desbordada obedece, sin lugar a dudas, a un plan meticulosamente orquestado, y es tan así que a cada acto de violencia le sigue otro más aterrador para sembrar en el imaginario colectivo la idea de que el país se nos está desbaratando. Eso sin contar la instrumentalización del ‘terrorismo cibernético’, que se nos volvió el diario vivir.
Pero hablemos de los de en medio; de los millones de colombianos que ni siquiera entienden por qué, o en qué momento quedaron rezagados, y están pagando los platos rotos de esta parálisis. De esos a los que el desempleo y las dificultades devenidas de la pandemia se les juntó con un paro que les quitó la esperanza, justo cuando la economía nacional parecía reactivarse.
Todos quienes dependían de la industria, el comercio y el agro, quedaron asfixiados principalmente por el bloqueo de vías. Solo viendo las cifras entendemos la magnitud de la hecatombe. En tres semanas de paro la economía colombiana ha perdido 10.2 billones de pesos, es decir, casi el doble de lo que costaría sostener un año más el Ingreso Solidario, que mitigó el impacto económico de la pandemia para más de 3 millones de familias pobres.
Quienes paralizan al país bloqueando las vías se escudan bajo la premisa de que protestar es un derecho, lo que para el caso es una verdad a medias, y cito la Carta Magna, que en su artículo 37 reza que «toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente». Y hablo de verdades a medias, porque esa misma Constitución dice en su artículo 24 que «todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional».
Ese derecho fundamental nos lo están violando de manera criminal y soterrada, incluso en complicidad con algunos alcaldes y gobernadores que, haciendo un populismo ruin y deleznable, dicen brindar garantías a los manifestantes. Señores mandatarios: bloquear vías es un delito, y ustedes lo saben.
Reitero lo que dije al inicio; es absurdo negar el derecho que tienen los colombianos a protestar en defensa de sus derechos, pero ese derecho, gracias a la violencia y el terrorismo que hemos visto a lo largo de este paro, está agudizando el desempleo y potenciando la miseria justo de esos colombianos a los que intentan defender.
Por último, celebro el anuncio del presidente Iván Duque de ordenar a la Fuerza Pública levantar los bloqueos para que la ciudadanía que hoy es víctima de los violentos, pueda ejercer su derecho a transitar libremente.
Los intereses de quienes usufructúan la violencia, nunca estarán por encima de los derechos de millones de colombianos que a diario, y desde siempre, han venido trabajando para labrar su futuro y el de un país que está golpeado, pero jamás vencido. En Colombia los buenos somos más, ¡y no claudicaremos!
Publicado: mayo 20 de 2021
4
3.5