Uno de los escándalos de corrupción judicial más estremecedores de los últimos tiempos, se vivió durante las festividades de fin de año, cuando dos jueces y un fiscal fueron capturados en medio de un cinematográfico operativo liderado por la Fiscalía y la Fuerza Pública.
Para conocer el contexto, puede leer La caída del cartel de la toga barranquillero
Los jueces penales Rafael de Jesús Uribe Henríquez y Alberto Oyaga Machado, junto al fiscal 56 de Banrranquilla, Gustavo Orozco Pertuz, lideraban una verdadera empresa criminal en la que manipulaban procesos, inventaban pruebas contra sus víctimas y favorecían a criminales que pagaban por sus servicios.
El caso por el que los funcionarios judiciales fueron capturados, tiene que ver con el pleito relacionado con la Universidad Metropolitana y el Hospital Metropolitano de la capital del Atlántico.
Oyaga, Uribe y Orozco Pertuz, abusando de su posición dentro de la rama judicial, se prestaron -se vendieron- para torcer una investigación y cometer múltiples delitos, tal y como puede leerse en la acusación que en las últimas horas presentó el fiscal Germán Arias ante el Tribunal Superior de Bogotá.
En dicho escrito, de más de 50 páginas, el fiscal del caso presentó con lujo de detalles la manera como esos delincuentes con toga, que actualmente están bajo detención domiciliaria, retorcieron las leyes de la República para inducir a error a distintos funcionarios nacionales, intentando llevar a la cárcel a personas inocentes y favorecer al cuestionado ‘Clan Jaller’, grupo liderado por el polémico Carlos Jaller Raad, quien ahora se encuentra en la mira de la justicia.
En palabras del fiscal Arias, los dos jueces y el fiscal actuaron con dolo al cometer los delitos de prevaricato por acción y fraude procesal.
Este portal pudo establecer que el magistrado Juan Carlos Arias López será el encargado de juzgar las conductas de los funcionarios judiciales corruptos, quienes se enfrentan a penas superiores a los 20 años de prisión.
No deja de causar extrañeza que, mientras un fiscal avanzó en la investigación, imputación, solicitud de medida de aseguramiento y ahora acusación formal contra los dos jueces y el fiscal implicados, otra fiscal se esté encargando de engavetar la investigación contra los determinadores del delito.
En este caso, hay dos puntas. Una de ellas, la de los operadores judiciales que están sentados en el banquillo de los acusados. La otra, que es liderada por Carlos Jaller Raad continúa impune. Uno de sus abogados, que se precia de tener grandes contactos en la fiscalía, ha ido más allá al notificar a propios y extraños que el proceso contra su cliente -Jaller- “está controlado”.
Llama poderosamente la atención que la fiscal encargada de esa investigación, la doctora Alexandra Villamil Ruiz -fiscal 98- mire para otro lado, cuando se trata de un caso de corrupción monumental, mucho más grande de lo que han registrado los medios de comunicación. No solo está el soborno de por lo menos dos jueces y un fiscal, sino el saqueo -comprobado- de una universidad y de un hospital.
En tiempos de pandemia, cuando las camas de los centros médicos y las unidades de cuidados intensivos son altamente demandadas, resulta cuando menos sospechoso el ritmo que se le ha impuesto a la investigación.
Evidentemente, se despiertan las suspicacias: ¿La mano corruptora del ‘Clan Jaller’ sigue torciendo a la administración de justicia? ¿Cómo entender que los jueces y el fiscal sobornados estén presos y las personas que los compraron sigan libres, gozando de las decenas de miles de millones de pesos que saquearon de una universidad y de un hospital?
En el gobierno de la legalidad y bajo la fiscalía del implacable fiscal Francisco Barbosa Delgado, ese tipo de situaciones no se pueden presentar.
Publicado: abril 9 de 2021
5
4.5