Si la opinión pública conociera en detalle el cúmulo de desafueros y abusos que se cometen en el mercado, de seguro exigiría la abolición inmediata de algunas de las superintendencias y el enjuiciamiento de muchos de sus funcionarios.
Si bien el mercado debe ser libre, le corresponde al gobierno reprimir a quienes desbordan su libertad y le infieren daños. Por mandato de la ley, le corresponde a las superintendencias ejercer inspección, vigilancia y control del mercado en orden a garantizar su transparencia, siendo claro, que la función que ejercen, debe ser prospectiva para anticiparse a malas prácticas y disuasiva de conductas delictivas.
Pero en Colombia sucede lo contrario. Generalmente las actuaciones de las superintendencias son tardías y se asemejan a las de medicina legal: llegan a la escena del crimen cuando todo está consumado y se limitan a practicar el levantamiento del cadáver y determinar las causas del deceso. En muchas ocasiones estas frondosas burocracias más que guardianes del mercado son sepultureras de la infamia. Pero en cambio, son sumamente diligentes cuando perciben que con sus anuncios obtienen algún beneficio mediático que les ayude a barnizar la imagen.
Baste recordar la intervención tardía de las Superintendencias Financiera y de Sociedades en el caso de InterBolsa durante el gobierno de Juan Manuel Santos. El cuestionado ex Superintendente de Sociedades de la época, célebre por su silencio e inocua intervención en este escándalo, fue nombrado director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado; a su vez, el ex Superintendente Financiero quien fue sancionado con suspensión del cargo por su manifiesta negligencia, fue premiado por Santos al nombrarlo miembro de la Junta Directiva del Banco de la República.
Santos no solo premio el delito y la criminalidad; también premió la incapacidad, la holgazanería y la negligencia, y burló a miles de ahorradores expoliados.
Y qué tal la pasividad de la Superintendencia de Salud, frente a los desmanes y el caos creciente del sector. Y qué decir de la negligencia insuperable de la Superintendencia de Sociedades ante la proliferación de SAS de papel que se constituyen para encubrir delitos y participar en carruseles de la contratación, y peor aún, la complacencia de este organismo en la liquidación irregular de sociedades, burlando la ley, a jueces, acreedores y trabajadores.
Y cómo ignorar la conducta de la Superintendencia de Industria y Comercio, que indolente tolera la competencia desleal por usurpación de patentes y la celebración de contratos de franquicia con vicios insaneables de nulidad como los de Mr Jeff, y que cuando se le exige su intervención, alega la inexistencia de los presupuestos legales que dan lugar a ella.
Causa estupor, qué ante la mirada pasiva de la Superfinanciera, a muchos ciudadanos se les debite de sus cuentas bancarias, deudas contraídas con establecimientos comerciales que ahora pertenecen a grupos financieros, las cuales en algunos casos pagaron, prescribieron o nunca autorizaron su débito automático porque para la época en que las adquirieron no se utilizaba esta modalidad de pago.
La cesión de la cartera de un establecimiento de comercio a una institución financiera, no implica la potestad de modificar o incluir de manera abusiva y retroactiva, cláusulas en contratos que originaron obligaciones ya pagadas o prescritas. Hacerlo es un abuso y un atropello que merece las más severa reprensión y sanción.
También merece repudio, que la Superfinanciera no obligue a los emisores de acciones a informar, la clase de las que ofertan, ocasionando que muchos incautos las adquieran creyendo que son acciones ordinarias cuando en realidad son acciones preferenciales.
La indulgencia del funcionario público frente al delito, es la tipología más perversa de la corrupción, pues hace tanto daño como la impunidad y alienta la trasgresión de la ley.
Es claro que la ley no garantiza el orden, salvo que la autoridad exija su cumplimiento. De ahí la necesidad que el Procurador se interese en las actuaciones de los funcionarios de las superintendencias, quienes con su negligencia acrecientan una corrupción silente y velada. Si las superintendencias cumplieran sus funciones, disminuiría la congestión y el hacinamiento judicial.
En una próxima columna me ocuparé en denunciar, las conductas delictivas en que incurren algunas mesas de dineros que, bajo la engañosa apariencia de contratos de factoring, de descuento, de corretaje y mandato, captan ahorro público y celebran negocios bajo condiciones de riesgo extremo por los cuales no responden y luego, pretenden que las cuantiosas pérdidas que ocasionan sean asumidas por los inversionistas de quienes recibieron cuantiosas sumas de dinero. Estas pomposas mesas de dineros, son solapadas pirámides financieras y carruseles de inversionistas, que merecen inmediata intervención y liquidación por parte del Estado y severa condena de las autoridades judiciales.
El Presidente Duque y la Procuraduría están en mora de avaluar el desempeño de las superintendencias y de remover e investigar a muchos de sus funcionarios.
¡Se necesitan verdaderos guardianes!
Publicado: abril 19 de 2021
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*Rafael Rodríguez-Jaraba. Abogado Esp. Mg. Litigante. Consultor Jurídico. Asesor Corporativo. Conjuez. Árbitro en Derecho. Profesor Universitario. Miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.
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