Hace cuatro años, al parecer, por falta de espacio, no fue publicada esta columna que escribí para un periódico de circulación nacional que fue incondicionalmente afecto a Santos y a lo que fue su remedo de gobierno.
Hoy siento el deber ético, cívico y jurídico de publicarla. Por desgracia, su contenido anunciaba la violencia, la anarquía y el caos que hoy vive Colombia. Así decía y hoy dice así luego de actualizar su texto censurado:
Algunos colombianos repudiaban lo que sucedía y sigue sucediendo en Venezuela, pero no advertían lo que sucedía en Colombia. En Venezuela, se suspendía el Congreso, se restringían las garantías ciudadanas, se reprimía la libertad de prensa, se expropiaba la propiedad privada, se desplomaba la economía y el régimen intimidaba a 30 millones de venezolanos con 120 mil fusiles oxidados que tenía para reprimir las protestas.
Entre tanto, en Colombia, se desconocía y burlaba la voluntad mayoritaria del pueblo, se violentaba la Constitución, se entronizaba la impunidad, se premiaba y gratificaba el delito, aumentaba la inseguridad y la violencia, la minería ilegal destrozaba la geografía nacional, los cultivos ilícitos crecían sin cesar, se malograba la estabilidad económica y fiscal, los impuestos aumentaban en forma irracional y el Gobierno Santos no enmendaba ni renunciaba a su espiral de gasto indelicado, abusivo y suntuario.
Colombia avanzaba hacia un insondable precipicio y Santos decía, «el pesimismo es culpa de la prensa»; probablemente quería decir, de la prensa qué no pudo o no se dejó fletar. A su vez, el narcoterrorista Iván Márquez propalaba, “Queremos ser como Venezuela… ¡porque el Chavismo es un ejemplo a seguir!”
Si bien la paz era y es un bien inestimable anhelado por todos, su búsqueda no podía ni puede violentar el orden legal, económico y social. Pero la Corte Constitucional antes que preservar la integridad del ordenamiento legal, con sus decisiones políticas, lo pervirtió.
La guarda y custodia de la Carta no podía servir de pretexto para distorsionar e interpretar de manera extensiva su texto, de acuerdo a la conveniencia de Santos y sus corifeos.
Ni la academia ni la comunidad jurídica tuvieron valor y firmeza para rechazar las funciones legislativas y de constituyente primario que se arrogó la Corte Constitucional, quebrantando el principio de separación de poderes y el tenor mismo de la Carta confiada a su guarda.
La Corte Constitucional de manera abusiva y desvergonzada le impuso agenda legislativa a un Congreso edulcorado y obsecuente a Santos, y autorizó que por la extravagante y mal llamada vía del fast track modificara el espíritu de la Constitución, desconociendo al constituyente primario y su decisión mayoritaria.
La Corte Constitucional violentó el principio medular que prohíbe al intérprete de la ley, desconocer su tenor literal para adaptarlo o darle su propia interpretación. Es claro, que la Corte Constitucional burló los artículos 374 y 375 de la Constitución al desconocer de manera flagrante su contenido.
Fue y es inconcebible que la nación, sus instituciones, autoridades y todos los órganos del Estado, quedaran obligados a observar y cumplir un acuerdo negociado entre un gobierno espurio por la forma en que fue reelegido y además, carente de legitimidad y apoyo popular, y una banda criminal que sigue sin cumplir lo pactado y que antes por el contrario, no cesa de dar muestras de villanía, perversidad y arrogancia. Pero lo más grave, fue que el pomposo acuerdo negociado fue mayoritariamente rechazado por la nación y su decisión ignorada.
Si la Constitución Nacional no interpretaba el querer de los colombianos, se debió reformar, pero entretanto, era inaceptable qué a quién se le confía su vigencia y guarda, atentara contra su integridad.
El Gobierno Santos entregó sin reparo alguno el Mar de San Andrés, mal vendió Isagén y comprometió la independencia energética del país; llevó a la nación a una profunda crisis económica y fiscal, toleró el aumento de los cultivos ilícitos y la minería ilegal, y entregó gran parte del territorio a las NarcoFarc.
Días duros, muy duros vive el actual Gobierno, que recibió un país con una tasa de crecimiento recesiva, con un descomunal déficit fiscal, con sus campos convertidos en vergel de cultivos ilícitos y con una tasa de violencia y criminalidad creciente.
Colombia necesitaba una paz justa y no un Premio Nobel a una paz espuria. Santos desgobernó y condicionó el futuro de Colombia a su extravagante egolatría.
Muchos colombianos siguen sin entender y probablemente tardarán mucho en entender, los despropósitos y las perversidades de Juan Manuel Santos, a quien solo le interesaba obtener a como diera a lugar, el cada día más desprestigiado Premio Nobel de la Paz y no la paz de la nación.
Solo rechazo y repudio merece Santos y su paz con impunidad, y juicio y condena la Corte Constitucional por violentar el orden legal.
Publicado: abril 12 de 2021
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*Rafael Rodríguez-Jaraba. Abogado Esp. Mg. Litigante. Consultor Jurídico. Asesor Corporativo. Conjuez. Árbitro en Derecho. Profesor Universitario. Miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.
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