No fueron pocas las herencias malditas que Santos le dejó a Colombia. Pero sin duda, la peor de todas, fueron las más de 200 mil hectáreas cultivadas con coca.
Para complacer a sus interlocutores, los narcoterroristas de las Farc, Juan Manuel Santos decidió interrumpir la lucha contra las drogas ilícitas. La primera determinación consistió en suspender la fumigación con glifosato, alegando que ese producto era nocivo para la salud.
Quizás sea cierto, tal y como se ha podido determinar en distintos estudios. Pero también es cierto que el glifosato no es el único herbicida eficaz a la hora de erradicar la coca. Hay muchas variedades de productos que llenan los requisitos y que no tienen efectos de ninguna naturaleza contra las personas, los animales y la naturaleza.
Era un compromiso de campaña del presidente Duque y, hay que decirlo, aunque con un poco de demora, cumplió.
Hasta los más entusiastas defensores de la fumigación de coca ya se habían dado por vencidos. Las limitaciones impuestas por la corte constitucional -de mayorías santistas- parecían insuperables. No obstante, luego de un juicioso y riguroso estudio, los ministerios de Justicia y Defensa, lograron elaborar un estupendo protocolo que servirá como derrotero para el inicio de las fumigaciones.
Los lineamientos son rigurosos y exige el lleno de unos requisitos fundamentales para poder fumigar en determinadas áreas del país y evitar con ello afectaciones a las comunidades, particularmente a los indígenas.
Así mismo, se exige la rendición de cuentas mensuales ante la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA con el fin de que se pueda hacer una evaluación permanente a los resultados y efectos de la fumigación.
Lo cierto es que las normas expedidas por el gobierno, que están colmadas de requisitos, hacen que el proceso de fumigación sea dispendioso, pero aquello es garantía de que se cumplirá a cabalidad con las absurdas exigencias impuestas por la santista corte constitucional.
Publicado: abril 13 de 2021
5