En un Estado de derecho, un ciudadano, al margen de su posición, no puede ser perseguido judicialmente, como efectivamente ha sucedido con el presidente Uribe quien desde hace varios años ha venido sufriendo las consecuencias de un montaje muy bien orquestado.
Sus enemigos políticos, que no han sido capaces de vencerlo en democracia, se dieron a la tarea de acabar con su reputación. Los socialcomunistas, encabezados por el senador de las Farc Iván Cepeda Castro, encontraron en la corte suprema un aliado inigualable para hacer un ajuste de cuentas con el mandatario que con mayor compromiso y disciplina enfrentó al terrorismo guerrillero.
El catálogo de irregularidades en el proceso Uribe es infinito. Interceptaciones ilegales a sus comunicaciones, declaraciones mentirosas, testigos generosamente recompensados para que lean libretos que lo incriminen, ofertas de asilo en otros países a quienes digan que él era miembro “orgánico” del paramilitarismo. Testigos clave que no fueron oídos. Una gran colección de hechos que llevan a un mismo punto: a Uribe le hicieron un montaje criminal.
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Este portal pudo establecer que días antes de que culminara su mandato, Juan Manuel Santos convocó a una comida en la Casa de Nariño a destacados miembros de la rama judicial. Al finalizar el encuentro, el entonces magistrado José Luis Barceló se quedó bebiendo con el expresidente y frente a algunos testigos hablaron del tema Uribe y definieron la hoja de ruta para procurar su encarcelamiento.
Un encuentro que tenía la apariencia de ser institucional, realmente fue un convite delincuencial en el que un presidente de la República y un magistrado de la sala penal de la Corte Suprema pulieron detalles para meter preso al jefe de la oposición. De nuevo: como Santos y las Farc no pudieron derrotar democráticamente a Uribe, acudieron a un magistrado corrupto para que les hiciera el trabajo sucio.
Para que una persona sea llamada a juicio se requiere que haya pruebas en su contra. ¿Cuáles son las evidencias contra el expresidente? Ninguna. En las miles de llamadas que fueron ilegalmente interceptadas, no se encuentra nada que pueda ser reprochado. Los enemigos de Uribe dirán que está el testimonio de Monsalve. Pero el simple dicho de un supuesto testigo no es suficiente. Además, indica la teoría penal, los testigos deben ser creíbles, sinceros, desinteresados y coherentes. Monsalve no cumple ninguna de esas condiciones. Abundan los testimonios de compañeros suyos en la cárcel que indican que efectivamente ese criminal tenía contacto permanente con Iván Cepeda quien, dicen los reos, se encargó de asegurarle beneficios penitenciarios, los cuales se hicieron evidentes cuando se descubrió que la celda del “testigo estrella” parecía un garito colmado de botellas de alcohol, teléfonos celulares, computadores y, por supuesto, con puerta de acceso para las meretrices.
Los complotistas eran conscientes de que su caso es débil y, por eso, se dieron a la tarea de hacer filtraciones parciales y evidentemente amañadas para que periodistas/militantes, como Coronel, hicieran la debida manipulación de la opinión pública, presentando a Uribe y a su abogado como unos delincuentes.
Entre cielo y Tierra no queda nada oculto. El país tuvo oportunidad de conocer íntegramente el expediente, las pruebas, los testimonios. Salieron a la luz pública la finca que Monsalve -a través de su esposa y su mamá- compró durante los meses en que estaba declarando contra el expresidente. También se conocieron los pagos que una ONG le hizo a su familia por concepto de una supuesta “ayuda humanitaria”. La dichosa organización, además de ser cercana ideológicamente a Iván Cepeda -llamado ‘Don Iván’ por el propio Juan Guillermo Monsalve-, recibe donaciones económicas suyas. ¿Cómo explicar que una familia que se ve obligada a tramitar limosnas de una organización no gubernamental para comprar alimentos y ropa, cuente con los recursos para adquirir una finca en una de las zonas más exclusivas de la región cafetera?
En el artículo 29 de la Constitución se establece que “toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable…” Más adelante, indica que “Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación al debido proceso”. Esos dos preceptos, que también aplican para el expresidente Uribe, han sido pisoteados vulgarmente en su caso que fue erigido sobre pruebas falsas y ambientado desde las más altas esferas de la corte suprema, para generar una engañosa percepción de culpabilidad.
Publicado: marzo 5 de 2021
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