Por décadas nos han dicho que las guerrillas colombianas son invencibles; que en un terreno agreste y selvático como el nuestro no hay manera de combatirlas. Mejor dicho, que nos debemos resignar al triunfo de la revolución, a la instauración de un Estado totalitario comunista a las malas, si no es que lo cedemos por las buenas —como en Venezuela—, entregando la democracia en las urnas, devenidas en tristes ataúdes de cartón.
Pero el Ejército de la Seguridad Democrática demostró que sí se podía, que sí se puede, que sí se debe. Eso si, contando, como todos los Ejércitos del mundo, con un arma estratégica y letal como es la superioridad aérea, la muerte que llega del cielo. Gracias a ello, las Farc dejaron de dormir a pierna suelta cuando aparecieron el Arpía, un Black Hawk artillado con tecnología criolla; el avión fantasma, que no es más que un vetusto DC-3 repotenciado y armado hasta los dientes; los viejos Kfir —que hacen cagar del susto a ‘Timochenko’—, con sus equipos de detección de calor que pueden ubicar campamentos en la selva; y los sigilosos y versátiles Tucanos y Super Tucanos, que pueden pasar varias horas bombardeando y ametrallando sobre una misma área.
De ahí, las Farc trataron de neutralizar esa ventaja militar con varias argucias, casi todas fracasadas. Lo intentaron instalando campamentos más allá de las fronteras, de cuyo desacierto puede dar fe ‘Raulito Reyes’. Lo intentaron también resguardándose bajo tierra en estructuras de concreto, de cuyo revés se le puede preguntar al ‘Mono Jojoy’. Igualmente, han tratado de armarse con misiles tierra-aire para repeler la capacidad aérea del Estado, de lo que hasta hoy solo ha habido especulaciones y rumores. Y también han recurrido a la guerra jurídica, como en el caso del supuesto bombardeo de Santo Domingo (Arauca), en 1998, donde murieron 17 civiles por una bomba que habría sido arrojada por un helicóptero de la Fuerza Aérea, aunque persisten las versiones de que lo que explotó y mató los civiles fue un camión bomba de las Farc.
Ahora las Farc y sus amiguetes parecen haber encontrado una artimaña más simple y, al parecer, más eficaz, como es la de reclutar menores para impedir los bombardeos. Ya en noviembre de 2019, se había hecho un escándalo farisaico por la muerte de menores de edad en el bombardeo a un campamento de las Farc. «Un escándalo para neutralizar la superioridad aérea» (2019/11/12), como lo juzgamos en ese entonces. Hoy se repite el escándalo por la muerte de una menor de 16 años que hacía parte de los terroristas que estaban en el campamento de ‘Gentil Duarte’ al momento del bombardeo.
El Centro Nacional de Memoria Histórica habla de 16.879 menores de edad reclutados entre 1960 y 2016 por parte de todos los actores del tal «conflicto armado colombiano», siendo las Farc las que más han reclutado. Y, a pesar de que el Derecho Internacional Humanitario es muy claro, salen los idiotas útiles del terrorismo a argumentar que los niños son personas protegidas que no se pueden bombardear. Por una parte, el DIH prohíbe reclutar a menores de edad, y existe el consenso de que quien los recluta es responsable de su suerte. Por otra, cualquier persona armada que participe de las hostilidades, adquiere la dimensión de combatiente porque las balas de un menor matan igual que las de un adulto. Y, finalmente, las Fuerzas Armadas deben cumplir con su misión constitucional, para lo cual les es imposible llamar a preguntar si hay menores de edad en un campamento de un grupo criminal.
Pero, más allá de tecnicismos, lo que sorprende es la hipocresía de los que se oponen a los bombardeos porque a ninguno de estos les ha importado un comino el reclutamiento forzado de menores por parte de las guerrillas, que realmente son secuestros. Y, para más señas, les ha importado un rábano que cientos de estos niños y niñas hayan sido víctimas de abuso sexual durante años, que hayan sido instrumentalizados para la guerra y convertidos en «máquinas de matar», como acertadamente lo dijo el Ministro de Defensa, y que cientos o miles hayan sido fusilados por cualquier capricho de los comandantes como el caso de ‘Comidita’, un niño de 13 años degollado por intento de fuga según cuenta el exsecuestrado Óscar Tulio Lizcano. Valga decir que la Justicia Especial para la Paz encontró en computadores del Bloque Oriental de las Farc, 286 registros de personas que ingresaron al grupo armado siendo menores de edad, de los cuales 60 fueron fusilados por supuestas infracciones a los reglamentos de la guerrilla (‘Farc, a responder por reclutamiento y abuso de menores en sus filas’, El Tiempo, 2019/10/26).
Y a estos cínicos lo que menos les importa, por supuesto, son los miles de menores que han caído en combate por tratarse de «carne de cañón», que es para lo que fueron reclutados. Por ejemplo, la JEP también encontró que la Columna Móvil Arturo Ruiz, creada durante las negociaciones de paz del Caguán, y conformada en gran parte por menores, tuvo 94 bajas en un mes de enfrentamientos con la Fuerza Pública, de las cuales 19 eran menores de edad; pero también hubo 51 niños y niñas de esa columna, de entre 12 y 17 años, que sobrevivieron luego de que fueron capturados o se rindieron. De hecho, en la era de la Seguridad Democrática se privilegiaron las desmovilizaciones individuales de menores, dándose el pico entre el 2003 y el 2005, cuando se desmovilizaron 2.861 menores.
Es triste la muerte de estos menores, pero su presencia no puede frenar la acción necesaria del Estado. Además, ¿dónde queda la responsabilidad de toda la sociedad? Una niña de 15 años muerta en combate días después del bombardeo se había ido de su casa desde hace dos años, y ni la reportaron ni la buscaron. Estaba con las Farc. ¿Qué vienen a llorar ahora? En otro caso, niños que se van de la casa con la excusa de conocer el mar y se enrolan en grupos delincuenciales por llamativas ofertas de dinero que no pueden ser excusa. Un inimputable no puede decidir por sí mismo, ni sus padres renunciar a su custodia. El libre desarrollo de la personalidad no da para tanto.
Publicado: marzo 16 de 2021
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