Antes y después del Covid, siempre hay algo seguro en materia económica: impulsar las reformas con carácter social a nivel potencial, es decir, que, desde el Gobierno Nacional, la academia, los centros de pensamiento, la empresa y la sociedad en conjunto se pueda elaborar lo que para algunos representa un nuevo “contrato social”.
En las últimas semanas, previas al inicio de las sesiones del Congreso de la República, se han presentado un gran número de propuestas para impulsar la economía, esta vez, con carácter social, muchas de ellas reúnen los elementos primordiales de la integralidad y coordinación sistemática para la lucha contra la pobreza y las garantías sobre equidad.
Y es que, en el plano social, el mundo entero ha tenido que mirar de frente la realidad de la pobreza, no solo desde la óptica del ingreso y el consumo, sino desde las barreras de entrada al mercado sobre las condiciones de una vida digna, sin embargo, el riesgo que enfrentan las reformas integrales para el desarrollo social, muchas veces (si no todas) proviene del populismo que pueda aparecer por el camino.
Mirar la pobreza y sentirla, es angustioso desde todos los puntos de vista, ya sean académicos, políticos o personales, lo que nos lleva a una realidad que no solo es de Colombia, pues el mundo padece en este momento la rigurosidad de la inequidad y el efecto de la desaceleración de ingreso monetario de la población.
Habida cuenta de la necesidad de reformas integrales con carácter social, es imprescindible que la relación tripartita Estado – Empresa – Sociedad Civil funcione a nivel concatenado, una reforma no nace de la mera observación, sino de la construcción sobre lo que ya esta en marcha, de ahí, por ejemplo, que sea enfático en construir sobre lo construido para poder avanzar, de lo contrario, por cada año perdido, es una década de atraso en lo que se pretende hacer.
Y es que la tarea de los gobiernos, como el actual, en tiempo de pandemia, no puede ser otra que el gran reto de derribar muros de inequidad, construir entornos sociales viables y una economía sobre las bases del crecimiento para garantizar el desarrollo humano y social.
Uno de los problemas más difíciles es acabar con la falacia sobre el reconocimiento de una política social en ausencia de infraestructura económica; para avanzar hay que generar valor agregado a la economía y parte de ese valor proviene en términos generales de ajustes desde lo social hasta lo tributario, pasando por el empleo, bien lo ha destacado el centro de pensamiento Fedesarrollo, hablar del contrato social, como también se ha referido el Gobierno Nacional a través de la política de reactivación donde el eje hogares comprende la política social de avanzada, también el ex presidente Álvaro Uribe, se ha referido a reformas integrales de tipo estructural para la lucha contra la pobreza y el acceso a mejores condiciones de vida.
De lo anterior, se pueden decir tres cosas: la primera, que las reformas deben ser integrales, sin ningún sesgo populista o demagógico como bien lo ha dado a entender el Presidente de la República, en segundo lugar, los pilares de las reformas integrales deben provenir de la relación tripartita Estado – Empresa – Sociedad civil y, en tercer lugar, la economía no puede parar y pensar en una política social en ausencia de crecimiento económico es imposible.
Con todo ello, el Congreso de la República va a tener una tarea y una responsabilidad como nunca, adelantar las reformas necesarias para una Colombia pos Covid en todos los frentes y eso se construye de la mano con el Gobierno Nacional, no a secas, no en solitario y mucho menos con enfoques populistas.
Construir sobre lo construido.
Publicado: marzo 9 de 2021