El derecho a portar armas no es un capricho de la ultra derecha ni una excusa reforzada para promover el paramilitarismo. Es una garantía real contra la tiranía que además permite una defensa efectiva de la propiedad y se remite a varios siglos atrás. Aunque algunos quieran ridiculizarla, tiene dos grandes razones para ser defendida.
La primera, es de índole constitucional y para abordarla es necesario remitirnos al nacimiento mismo de los estados modernos. Como tal, el principal propósito de las estructuras constitucionales que emergieron después de las revoluciones liberales del siglo XVIII y que todavía siguen vigentes es limitar el poder.
Para ello, se implementa un sistema de frenos y contrapesos que distribuye las funciones del Estado entre varias autoridades que se controlan entre sí, de tal manera que nunca haya una concentración de poder en una sola cabeza.
Sin embargo, para cumplir dicho propósito también se requiere, por un lado, tener un sector privado económicamente fuerte que logre contrarrestar eventuales excesos por parte del Estado a través de su ejercicio regulatorio y tributario. Por otro lado, es necesario que las personas tengan herramientas concretas, armas, para defenderse ante la llegada y consolidación de un posible tirano en el poder.
De hecho, es esta última lógica la que trasciende la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos: el temor a un poder central desbordado que pase por encima de los ciudadanos. Aunque no es una fórmula automática, el hecho que la población tenga estos instrumentos sí puede llegar a limitar el margen de acción de dictadores y déspotas.
La segunda razón es más práctica. La restricción en el porte de armas solo es acatada por los ciudadanos de bien que quedan desarmados ante una delincuencia que es indiferente a la regulación del Estado. Con o sin restricción, el hampa va a tener acceso a estos elementos.
¿Acaso la prohibición les impidió a los carteles de los 80´s, las Farc, el Eln o los paramilitares armar ejércitos enteros de sicarios y bandidos? Por supuesto que no, de la misma manera que es incapaz de evitar que la delincuencia organizada de las ciudades adquieran estos elementos en el mercado negro.
Hoy en día el crimen mata, roba e intimida a una población que no tiene la posibilidad de defenderse y que debe depender de la acción de un sistema judicial lento y excesivamente garantista que ni siquiera es capaz de castigar efectivamente la reincidencia. Adicionalmente, con el déficit de policías tan alto que tienen ciudades como Bogotá, donde faltan 9.000 uniformados, es prácticamente imposible que el Estado tenga la capacidad operacional para cubrir todas las zonas de la urbe.
Lógicamente este derecho no puede ser absoluto y tiene que estar sujeto a una regulación clara que determine el tipo de armas que se pueden portar, las condiciones para su uso y las restricciones legítimas que les impidan a personas con antecedentes penales o afectaciones psiquiátricas el acceso a ellas.
Además, su aplicación debe ir de la mano de la eliminación del ridículo requisito de proporcionalidad en los medios que se exige en la legitima defensa, el cual termina protegiendo al victimario sobre la víctima y sometiendo a esta última a un papeleo interminable en la Fiscalía que casi siempre termina en desgastantes procesos judiciales.
Esta discusión no se puede evadir con el argumento simplista de que la tenencia de las armas recae exclusivamente en el Estado. Desconocer las razones que trascienden un derecho que es tan antiguo como el nacimiento mismo de las estructuras modernas de gobierno es un acto de mezquindad que termina desamparando a los ciudadanos ante el crimen y la tiranía.
Publicado: marzo 24 de 2021
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