La cruda violencia que hoy nos asola y el aumento exponencial de los cultivos ilícitos y del narcotráfico, tienen un único responsable: Juan Manuel Santos y su paz con impunidad, que premió y gratificó el crimen, burló a las víctimas y violentó el orden constitucional.
Gracias a Juan Manuel Santos, a la Corte Constitucional y las Farc, Colombia se convirtió en un vergel de coca y en templo de impunidad. Que nadie olvide, que la banda criminal condicionó las negociaciones en Cuba a la suspensión de la fumigación de los cultivos ilícitos con glifosato.
Por su parte, la abusiva y cuestionada Corte Constitucional, -la misma politizada por Santos que permitió que se violentara la Constitución Nacional- decidió, que el uso del glifosato es lícito en cultivos lícitos pero ilícito en cultivos ilícitos; haciendo que lo que en todo el mundo es lícito en Colombia es ilícito; y, lo que en todo el mundo es ilícito en Colombia sea lícito.
No poca razón tiene Rafael Nieto Loaiza, probablemente, una de las mejores opciones presidencial para el próximo cuatrenio, cuando afirma:
“En Colombia, el glifosato se aplica tanto por vía aérea, por ejemplo, en arroz, y caña de azúcar, como con tractor y con bomba espaldera, en flores, palma, cacao, café, banano y toda clase de frutales y hortalizas. Se usan alrededor de diez millones de litros anuales. De ellos, menos del 5% fueron para fumigar coca. Si se dejara de usar el glifosato se calcula que la producción agrícola caería entre un 30 y un 40%. Un desastre con gravísimas consecuencias para la provisión de alimentos y la nutrición de los colombianos.”
Pero al parecer, para la Corte Constitucional lo importante no es la salud pública, ni la producción y el abastecimiento agrícola, ni la nutrición de los colombianos y mucho menos, combatir la violencia y la criminalidad que causan los cultivos ilícitos; lo importante para la Corte es complacer a las Farc sin importarle que Colombia siga siendo un vergel de coca y templo de impunidad en perjuicio de la humanidad y en beneficio de grupos criminales y de algunas comunidades complacientes con los ilícitos.
Es claro que algunos colombianos siguen sin entender la mayoría de los daños que Santos con su Congreso edulcurado de bolsillo y la alcahuetería de una Corte Constitucional abusiva, le causó al país, como tampoco se han percatado, de los nocivos, devastadores e irreversibles daños ambientales, sociales, económicos y en materia de salud que produce el cultivo de la coca.
Colombia debe ponerse de pie para defender su democracia, sus instituciones y su Estado Social de Derecho, y para liberarse de una vez por todas de la amenaza de convertirse en una narcocracia.
En mi ideario de principios, valores y convicciones, la neutralidad frente al delito es complicidad, y las transgresiones al orden constitucional perpetradas por Santos y la Corte, son flagrantes delitos. Si alguien tiene dudas de esta última aseveración, lo invito a que revise lo brevemente establecido en el artículo 374 de la Constitución Nacional y fácilmente advertirá, que la reforma constitucional derivada del mal llamado Acuerdo de La Habana, articulado mediante el extravagante Fast Track, fue absolutamente espuria, inconstitucional y por ende viciada de nulidad.
Ya es evidente, cómo los obsecuentes y vergonzantes corifeos de Santos, entre ellos, sus exministros, algunos magistrados de las cortes, el procurador de la época y los enriquecidos contratistas de su gobierno, cada día apagan más su voz y silencian la defensa del mayor traidor de la fe pública y del orden constitucional en la historia de Colombia.
No se debe olvidar, que Santos traicionó a sus electores en su primer período, se hizo reelegir con fraude, desconoció la voluntad popular en el plebiscito, premio y gratificó a los más crueles y sanguinarios criminales, entregó el Mar de San Andrés sin recurrir una sentencia contraria a derecho plagada de nulidad, vendió a Isagén, acabó con la independencia energética de la nación, comprometió el erario con Odebrecht, arruinó la hacienda pública, duplicó la deuda externa, agudizó el déficit fiscal, solapadamente devaluó la moneda para compensar su indelicado gasto, debilitó la educación pública, pervirtió la justicia, empobreció a los colombianos con tres reformas tributarias y contrajo la economía.
El triunfo de los traidores es igual al triunfo de los populistas comunistas, pírrico, fugaz y contraproducente, por eso, solo rechazo, repudio y condena merece Juan Manuel Santos, así como sus abusos e indelicadezas. No en vano, la inmensa mayoría de los colombianos lo aborrecen.
Para bien del Estado Social de Derecho, el llamado “Acuerdo” hace parte del pasado, y cada día la nación clama más por su abrogación, de manera que nunca jamás su abyecto contenido, sirva de referente para establecer las condiciones de desmovilización y sometimiento de grupos criminales.
Ahora, es tiempo de cerrar la brecha y de conciliar posiciones y opiniones encontradas sin sacrificar principios, valores ni convicciones, y de no volver a permitir que se violente y pervierta la legalidad. Debemos seguir adelante, aunque lo más difícil lo estemos ahora afrontando.
Hoy se requiere rigor, valor, virtud y sabiduría para replantear todo lo que las Narcofarc le impusieron a Santos y para que el actual Gobierno restablezca la autoridad y reivindique la supremacía del Estado Social de Derecho frente a los cabecillas de un envejecido, fatigado y repudiado grupo criminal, que sigue delinquiendo y asolando el territorio nacional, y que logró hacer de Colombia el más grande vergel de cultivos ilícitos y el mayor productor de drogas.
Para poder avanzar, es indispensable que todos los colombianos estemos de acuerdo en que la paz es el resultado natural de la educación, la justicia y el orden, y no de la ilusión, y menos de la impunidad; y qué a pesar de nuestras diferencias, debemos hermanarnos en defensa de nuestra imperfecta democracia y sus perfectibles instituciones.
Publicado: marzo 15 de 2021
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Rafael Rodríguez-Jaraba. Abogado Esp. Mg. Litigante. Consultor Jurídico. Asesor Corporativo. Conjuez. Árbitro en Derecho. Profesor Universitario. Miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.
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