La primera línea del Metro es un avance en la dirección correcta. Sin embargo, no va a resolver los problemas estructurales de la ausencia de un sistema de transporte multimodal, para el final de esta alcaldía no solo se espera ver adelantada la construcción, también hay expectativa sobre los estudios de las siguientes líneas que conecten en el futuro a toda la ciudad de manera efectiva.
A esto se le deben sumar obras estratégicas como la ALO cuyo tramo central y norte han quedado preocupantemente suspendidos, esta vía se diseñó para conectar el sur y el norte de Bogotá por el occidente y algunos municipios de Cundinamarca, resulta de vital importancia en temas de competitividad y movilidad su construcción que ahora está en riesgo de quedarse corta y embotellada en la calle 13. Además de estas dos obras fundamentales, la ciudad debe buscar financiamiento para la troncal de Transmilenio por la 68 y para la Nueva Séptima.
Las obras anteriormente mencionadas serán contratadas por la empresa Metro S.A. y por el IDU, se unen a un paquete de 75 por un total de $15,3 billones de pesos (equivalentes a 4.000 millones de dólares) y exigirán un esfuerzo en materia contractual y operacional sin precedentes en la ciudad. Además, se vienen diseños para 56 obras por cerca de 300 mil millones de pesos y se espera un colapso cuando se empiecen a ejecutar. Cabe aclarar, que es la única manera de salir del atraso en el que se encuentra la capital en materia de infraestructura. Recordemos que debido a diferentes factores, Bogotá tiene una capacidad para albergar cómodamente apenas a la mitad de sus habitantes.
Los impuestos desmesurados coartan las libertades personales en una ciudad caótica por su inseguridad, contaminación, invasión al espacio público y trancones. El 26% de nuestros jóvenes están desempleados a pesar de ser la región que más empresas produce per cápita en el país, con 1 de cada 4 pesos de nuestra economía, albergando el 37% de los estudiantes de educación superior en Colombia, concentra además el poder político y financiero y es un atractivo turístico diverso.
En Bogotá se cierran dos de cada tres empresas que son creadas anualmente; las razones son múltiples, el común denominador: falta de competitividad. La falta de competitividad se produce por varios factores, ser la ciudad con más trancones en el mundo y con una inseguridad rampante desestimulan el consumo y el emprendimiento, pero lo que más atenta contra el dinamismo son las tasas impositivas efectivas de hasta 70% y otros cobros tanto a nivel nacional como distrital.
El impuesto predial establecido en nuestra constitución aumenta anualmente respecto al avaluó de los predios, aunque según la resolución 000168 de 2018 expedida por la Secretaria de Hacienda, las tarifas podían aumentar dependiendo del rango del avaluó de las viviendas de 5,5 a 11,3 por cada mil pesos. Como punto de referencia se tomó el Índice de Precios de Viviendas Nuevas (IPVN) que según el DANE aumento 8,06% en Bogotá. Es decir que el impuesto supera el 1% del avaluó de las propiedades, por lo cual algunos lo tildan de confiscatorio, el drama es para muchas familias que dejan de consumir porque no tiene como pagar los aumentos en los cobros que en muchos casos han superado los altos rangos establecidos por la resolución.
A esto tenemos que sumarle el abultado cobro de valorización para financiar obras por cerca de 1 billón de pesos. Sabiendo que la administración dejo contratadas 75 obras por más de 15 billones, ¿no se podían adicionar estás a ese gran total con otros mecanismos de financiamiento?, ¿Son todas obras prioritarias?, ¿Qué va a pasar con el 71% de las obras que no se han ejecutado de las 3 valorizaciones pagadas? Dicho mecanismo de financiación debe quedar congelado hasta que no se hayan culminado tres cuartas partes de las obras contratadas con la plata de valorizaciones anteriores. Es un tema de responsabilidad fiscal y social, cobren lo que hacen.
Se esperaba que la alcaldesa hiciera una depuración a fondo del aparato estatal, recortar gastos innecesarios y evaluar el impacto y la eficiencia de algunos subsidios, así como los colados en esos beneficios. Pero para sorpresa de todos, ya hay más de 60.000 contratistas en el distrito, ni Petro se atrevió a tanto. En parte eso explica el lánguido presupuesto en seguridad de apenas 2,1% en una ciudad con un déficit de pie de fuerza de por lo menos 10 mil policías. Si queremos una economía libre y vigorosa que genere consumo y empleo, no podemos seguir asfixiando nuestros hogares y nuestras empresas con cobros e impuestos desmedidos, no podemos trabajar 4 días de la semana para el Estado.
Todavía es temprano para dar un veredicto sobre la capacidad de ejecución de la administración actual, salvo el costoso e innecesario hospital de Corferias pocas obras se han visto. Aunque solo lleven 14 meses y hayan tenido que enfocar los esfuerzos en la pandemia, la demora en el POT, la suspensión de dos tramos de la ALO, el cambio del proyecto de la séptima y la demora en las obras cobradas por valorización son síntomas muy preocupantes para una capital, que, con finanzas sanas y abundantes tiene el mayor cupo de endeudamiento a nivel territorial. Sabemos que la prioridad es atender la pandemia y a los más vulnerables, pero ¿será que otra parte de los 24 billones de presupuesto y de los 11 billones de cupo de endeudamiento en vez de fortalecer la seguridad y realizar las obras, se va en una burocracia mucho mayor a la necesaria? Por cierto, sería bueno saber en qué va la descontaminación del rio Bogotá.
Publicado: marzo 12 de 2021