¿Qué intereses económicos tienen los donantes de Human Rights Watch en Colombia y cómo los beneficia el activismo político de Vivanco? Sin lugar a dudas, es hora que en el País se abra el debate, a fondo, sobre los mecanismos de financiación de las ONG y la forma en que sus actuaciones pueden llegar a beneficiar las actividades económicas de sus donantes. Ante la incertidumbre y falta de transparencia que rodea este tema, no es descabellado pensar que detrás de tanto altruismo se esconde una articulada agenda que busca obtener réditos palpables.
Human Rights Watch no es cualquier ONG. El 2020 lo cerró con activos por US$216 millones y tan solo US$ 11 millones en pasivos. Además, reportó ingresos por US$92 millones y US$89 millones en gastos, con la salvedad que los US$3 millones restantes se destinaron a costos cambiarios. Pocas empresas pueden darse el lujo de tener un desempeño financiero tan sólido.
Frente a las iniciativas que ejecuta, el panorama no es muy diferente. Nada más el programa para las Américas que dirige Vivanco tuvo asignado el año pasado un presupuesto de US$2.9 millones, de los cuales US$1.6 millones se destinaron a salarios, unos $5.877 millones anuales en burocracia.
Lógicamente, sostener este flujo de recursos exige la puesta en marcha de un estructurado lobby que logre recaudar millonarias contribuciones del sector privado. Al fin y al cabo, los ingresos de esta ONG en 2020 fueron equivalentes al presupuesto que se le asignó a todo el Ministerio de Transporte para 2021. Y si somos sinceros, nadie entrega tanta plata porque sí.
¿Quiénes son los donantes de Human Rights Watch? ¿Qué actividades desarrollan? ¿Tienen intereses contractuales o económicos en Colombia? ¿Cómo incide el activismo de Vivanco en sus negocios? ¿Estos donantes entregan recursos a otras ONG en el País? ¿Se benefician esas otras ONG de los informes de HRW? ¿Ejecutan recursos de cooperación internacional esas ONG bajo la excusa de la defensa de los derechos humanos?
Hago estas preguntas porque el panorama es muy claro. Nadie sabe qué actores están detrás de HRW y las demás ONG que operan en Colombia. Se desconocen los montos de sus donaciones y si estos aportes inciden en sus actividades comerciales. En otras palabras, vemos los pomposos informes y declaraciones, pero no a quienes están detrás de ellos.
Nada más recordemos el sonado escándalo que estalló en medio oriente, donde se acusó a HRW de subirle el tono a sus críticas contra Israel con tal de recibir más donaciones de empresarios saudíes.
Por eso, es más que necesario abrir este debate y exigirles a las ONG la transparencia que con tanta vehemencia le reclaman al sector público. Por ejemplo, la JEP sustentó su cálculo de falsos positivos en informes de varias ONG y no en documentos oficiales de la Fiscalía que dan una cifra tres veces menor. ¿Quiénes financian esas ONG y qué intereses contractuales y económicos tienen en el sistema de justicia transicional? De nuevo, estamos a ciegas.
Que HRW y las otras ONG opinen sobre lo que pasa en Colombia no tiene nada de malo. El problema, es que nadie conoce la verdadera agenda política y económica que persiguen estas organizaciones y que deben implementar a cabalidad para seguir existiendo. Ciertamente es casi imposible creer en la credibilidad y autoridad moral de estas ONG hasta que no sean abiertas y expongan en detalle sus intereses financieros.
Publicado: febrero 24 de 2021
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