Hay que poner orden en la casa. Desafortunadamente, el Congreso de la República, corporación cuestionada, invadida por el cáncer de la corrupción, no logró sintonizarse con las necesidades ni las realidades nacionales.
La política menor y las componendas a las que están acostumbrados los parlamentarios, les impide ver y sentir el clamor de quienes los eligieron.
La mayoría ciudadana fue asaltada en 2016, cuando en el plebiscito de octubre de aquel año el NO se impuso sobre el SI.
Más allá del hecho -que es sumamente grave- del desconocimiento mayoritario en el sentido de que los acuerdos de La Habana no eran aceptables y, en consecuencia, debían incorporarse cambios sustantivos frente a los mismos, está la lesión que esa usurpación le hizo al régimen democrático.
El desconocimiento de cualquier resultado electoral significa la ruptura en el régimen democrático lo que, en otras palabras, puede entenderse como un golpe de Estado.
Es sabido que Santos, sin competencia ninguna, maquilló su acuerdo con las Farc y lo envió para que el Congreso de la República, a través de una burda constancia, les diera un barniz de legitimidad, para luego correr a firmar con sus conmilitones de las Farc, esos mismos que hoy siguen controlando el tráfico de drogas y organizando actos de terrorismo desde Venezuela, tal y como recientemente pudo comprobarse con ocasión de una demoledora investigación realizada por la revista Semana.
Son muchas las voces que reclaman, entre muchas otras reformas, cambios como la eliminación de la JEP, tribunal hecho para garantizar la impunidad frente a crímenes de lesa humanidad.
El acuerdo entre Santos y las Farc, dejó perfectamente establecido que los derechos políticos no se pierden cuando algún miembro de la guerrilla terrorista reconozca sus delitos ante la cuestionada jurisdicción especial.
Como bien lo explicó recientemente en su columna para LOS IRREVERENTES el senador José Obdulio Gaviria: “para los delitos que universalmente no son amnistiables, el acuerdo fijó penas simbólicas (sembrar árboles, por ejemplo). Si condenare la JEP a senadores y representantes de Farc, ellos seguirán ocupando tranquilamente sus curules. ¡Sí!, por más escandaloso que parezca… Quien no crea que las cosas son así, consulte el Acto Legislativo #1 de 2017, donde se consagra que ‘la imposición de cualquier sanción en la JEP no inhabilitará para la participación política ni limitará el ejercicio de ningún derecho, activo o pasivo, de participación política’”.
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Muchos se preguntan qué hacer. ¿Aguantar impotentemente el desafío? Por supuesto que no. La pandemia, efectivamente, puso en jaque al gobierno del presidente Duque quien se vio forzado a poner en suspenso buena parte de su agenda política para concentrar los esfuerzos en salvar vidas y contener, en la medida de las posibilidades, el avance devastador de la plaga que tiene en jaque a la humanidad.
El tiempo se acaba. El país está ad portas de empezar una nueva campaña presidencial. El viento sopla favorablemente para la coalición liderada por el uribismo.
Pero necesario es que los líderes de esa alianza envíen un mensaje en el sentido correcto. Asuntos tan sensibles como el de la jurisdicción de las Farc deben ser definidos de fondo. Los discursos políticos son importantes, pero son insuficientes. Alegar que genocidas no pueden ocupar escaños en el parlamento, es muy taquillero, pero nada eficaz, porque los sujetos que las Farc ha delegado para que ejerzan su representación están “blindados”.
Lo que no significa que haya que bajar impotentemente los brazos. Que sea el pueblo el que tome la decisión final frente a ese asunto, eso sí garantizando que su voluntad será respetada.
Pero el de la JEP no es la única cuestión de interés superior que deba ser sometida a la voluntad del constituyente primario. La reforma a la justicia, por ejemplo, es una asignatura que viene aplazándose desde los años 70 del siglo pasado. En todas las oportunidades, Ejecutivo, Legislativo y Judicial han intentado llegar a una concertación, tarea que ha sido imposible.
La rama jurisdiccional, cuyos cimientos están irremediablemente agrietados por cuenta del voraz daño que hace la corrupción, no va a reformarse a sí misma y el país no puede continuar sin que se incorporen los ajustes que son urgentes y necesarios. Un país con una justicia corrupta, inoperante, burocratizada y politizada, jamás podrá garantizar la concordia entre sus ciudadanos.
Así que otro asunto que deberá ser dirimido a través de la participación ciudadana es el de la reforma a la justicia. Definir si definitivamente se necesita una sola corte, reducir el número de magistrados -en Colombia hay más de 130, mientras que en los Estados Unidos solo hay 9- y crear una rama judicial totalmente ajena a las intrigas políticas.
Que el cuatrienio que empieza a contarse a partir del 22 sea el de las grandes reformas, el de poner orden en la casa y si para tal efecto hay que hacer convocatorias ciudadanas frecuentes, que así sea.
Publicado: febrero 8 de 2021
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