Hace algunos días el país entró en indignación por el injusto y exorbitante aumento en el salario de los congresistas; y no era para menos. Mientras el salario mínimo de los colombianos aumentó un 3.5% y pasó de $877.803 en 2020 a $908.52 en 2021, el de los congresistas incrementó en un 5,1% pasando de 32’741.000 a 34’417.000 de pesos.
Si bien el reproche no se hizo esperar, es necesario que los colombianos comprendan que el reajuste salarial de los congresistas se lleva a cabo por ley y por lo establecido en la constitución; aunque ciertamente el país ha estado en mora de reformar tal injusticia, también cabe resaltar que el uribismo ha insistido incansablemente en realizar tales reformas, bajo un debido proceso.
Caso contrario de algunos sectores políticos oportunistas que deliran como salvadores, al plantear fórmulas mágicas para que el ejecutivo a discreción omita su obligación con la ley y con la constitución. Resulta risible que exfuncionarios del gobierno más derrochador de la historia del país, el de Santos, se jacten hoy de soluciones milagrosas, cuando en su momento se despilfarraron recursos públicos y se impuso la JEP, que actualmente cuesta a los colombianos cientos de miles de millones de pesos al año.
Por su parte y entre otros aspectos de interés el Centro Democrático ha propuesto un referendo para que el congreso se disminuya en un 30%, así como el congelamiento del salario de los congresistas durante 6 años, ya que al no ajustarse, ni por inflación tendría una disminución real.
Esta lucha del uribismo por la austeridad no ha sido por capricho electoral, sino que siempre ha estado presente. Por ejemplo, entre 2002 y 2010 se reformaron y reestructuraron 464 entidades estatales, lo que representó un ahorro del 5,36% del PIB (24,7 billones de pesos).
Colombia todavía recuerda la propuesta más ambiciosa en materia de reducción de gasto fiscal, el referendo de 2003, en el que Álvaro Uribe decidió declararle la guerra tanto al terrorismo como al derroche. Ese referendo propuso suprimir las Contralorías departamentales y municipales, al igual que las personerías, para que tales funciones pasaran a La Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo. También, buscaba abolir los auxilios con recursos de origen público, disminuir el congreso y congelar los salarios de los congresistas.
Álvaro Uribe enfatizó en que ningún congresista del Centro Democrático iba a recibir ese injusto aumento y que cada uno devolvería en donaciones el retroactivo. Varios se han sumado ya a este llamado, sin embargo es indispensable que los 51 congresistas del Centro Democrático lo hagan, sin excepción. Por tanto es crucial que la militancia uribista esté alerta sobre quiénes han donado y quiénes no.
Desde el uribismo, se confía en que seguramente todos los congresistas del Centro Democrático donarán, puesto que este partido ha sido la colectividad política que se ha mostrado más solidaria durante la pandemia, donando miles de tapabocas e incluso respiradores, convirtiéndose en un ejemplo a nivel nacional. Quienes no sean solidarios no deben tener aval para las próximas elecciones.
Publicado: enero 20 de 2021
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