El sentimiento de indignación y rabia que se ha generado luego de que la acomodada JEP haya anunciado la imputación a los cabecillas de las Farc por el delito de “toma de rehenes” es perfectamente entendible y legítimo.
A las cosas hay que llamarlas por su nombre, sin ambigüedades ni manejos semánticos. La guerrilla terrorista con la que Santos pactó en Cuba es responsable del delito de secuestro, tal y como está tipificado en el código penal de Colombia.
En efecto, dicha norma -ley 599 de 2000- en sus artículos 168 y 169 se refieren al secuestro simple y al secuestro extorsivo. Las Farc, son responsables del segundo de ellos que es definido de la siguiente manera: “El que arrebate, sustraiga, retenga u oculte a una persona con el propósito de exigir por su libertad un provecho o cualquier utilidad, o para que se haga u omita algo, o con fines publicitarios o de carácter político, incurrirá en prisión de 18 a 28 años…”.
Más claro, imposible.
Pero la JEP, que ha sido en extremo delicada en el trato a las Farc, se ha referido a la toma de rehenes, alegando que esa denominación es la que se encuadra en el derecho internacional humanitario.
Pero el asunto trasciende la discusión sobre el léxico utilizado por los bondadosos jueces de la JEP. ¿Es aceptable que en el Congreso de la República haya presencia de personas acusadas formalmente por el secuestro de miles de colombianos? La respuesta salta a los ojos de cualquiera: claro que no.
Y esa negativa fue oportunamente expresada por los ciudadanos colombianos el 2 de octubre de 2016 cuando se celebró el plebiscito en el que se preguntó si ¿apoya el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera? La respuesta mayoritaria -6.5 millones de votos- fue por el NO.
Y el no hacía referencia, entre otros aspectos, a la presencia de criminales de guerra en el Congreso de la República.
Santos y las Farc desconocieron la voluntad popular. El acuerdo, que dice expresamente que los derechos políticos de los desmovilizados del grupo terrorista no podrán suspenderse, blinda la presencia de secuestradores -con curules gratuitas- en el Senado de la República y la Cámara de Representantes.
Recientemente, el presidente de la República, Iván Duque, ha dicho que “en aras de las víctimas, el cumplimiento de sanciones debe ser incompatible con el ejercicio parlamentario”. Aquel, es un mensaje sensato y contundente, pero no tiene ninguna obligatoriedad porque tal y como se contempla en el acuerdo, basta con que los responsables acepten haber cometido el delito para que la JEP les imponga una sanción simbólica que en ningún caso les impedirá ejercer su “derecho” a ocupar curules en el Congreso de la República.
Por eso, se ha dicho insistentemente que el acuerdo debe ser cambiado. Y esa fue una promesa de campaña del uribismo que desafortunadamente, hay que decirlo, no se ha cumplido. Aún hay tiempo para hacerlo porque los electores del presidente Duque lo están esperando.
Publicado: febrero 1 de 2021
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