Si usted no leyó la primera parte de esta columna y está dispuesto a tener una contrariedad, le sugiero que la lea. Está disponible en el link:
En resumen, en ella se demostró, que en Colombia y por mandato de la ley, salvo algunas excepciones, las empresas y todos los empleadores están obligados a pagar por acumular las cesantías de sus trabajadores un interés efectivo anual de 12%, mientras que a los Fondos de Cesantías no les exige pagar un interés cierto y, por el contrario, se les autoriza cobrar abusivas comisiones por el manejo y retiros de las cesantías.
Para entender el origen de semejante despropósito, recordemos que la Ley 50 de 1.990 imponía, que la rentabilidad de los Fondos de Cesantías no podría ser inferior a la tasa efectiva promedio que pagaban los establecimientos de crédito cuando recibían ahorros mediante certificados de cepósito a término (CDT) con plazo de 90 días (DTF).
Si bien esta norma hacía incierto el rendimiento que devengaban las cesantías manejadas por los Fondos, al menos garantizaba a los trabajadores percibir un interés igual al que obtendrían si constituían un CDT con su cesantía. Pero este derecho se fue diluyendo mediante solapadas reformas y derogaciones tácitas, hasta llegarse a la situación actual, en que es imposible determinar el interés que devengan las cesantías manejadas por los Fondos.
El despojo del derecho de los trabajadores a recibir un interés igual al DTF, constituye una flagrante conculcación de las garantías laborales, que, por desconocer un derecho adquirido, quebranta el principio de legalidad y compromete la estabilidad legal y la seguridad jurídica del régimen laboral.
Ante tamaño atropello, las centrales obreras, los dirigentes gremiales, las asociaciones de consumidores y la opinión pública en general han guardado absoluto silencio.
También han callado los gremios de la producción, contestatarios a todo, menos frente a lo que afecte los intereses del sector financiero. La indolencia de los gremios en un asunto de tanta hondura social y económica es francamente inexcusable, y demuestra, que para sus dirigentes vale más la solidaridad con el gremio financiero que la defensa de los intereses de sus afiliados.
También ha guardado silencio algunos agitadores populistas, especialistas en fletar turbas y provocar hordas vandálicas, que cuando les conviene, fungen como apóstoles y redentores de los trabajadores. Y qué decir de la Corte Constitucional que con su silencio ha convalidado semejante atentado contra los derechos fundamentales.
Para justificar la vulneración de tan claro derecho adquirido, algunos, valiéndose de falsos tecnicismos que confunden a la opinión pública, aducen, que las cesantías tienen el mismo manejo que las cotizaciones a pensiones, desconociendo que las primeras son un ahorro individual con derecho a producir renta y las segundas un aporte a un fondo para provisionar el pago de una obligación futura e incierta, que, de hacerse exigible, debe ser indexado a valor presente.
Muchos creen que los abusos en que incurren las instituciones financieras se reducen a los exorbitantes costos de los servicios que prestan, cuando en realidad la mayoría de ellos son invisibles e imperceptibles para los ciudadanos y ocurren con la complacencia de la ley o por tolerancia de las autoridades.
El Gobierno de Juan Manuel Santos, qué como ningún otro tuvo durante 8 años a su servicio un Congreso obsecuente y dúctil a sus ocurrencias y caprichos, desperdició la oportunidad de promover una reforma financiera integral, que pusiera fin a los abusos de las instituciones de crédito, entre ellos, la metodología aplicable para fijar los intereses de los créditos, así como al indebido aprovechamiento de los Fondos de Cesantías en el manejo de los aportes de las cesantías de los trabajadores.
Pero Santos prefirió valerse de los establecimientos de crédito para devaluar de manera artificial el peso frente al dólar y con ello, tratar de compensar la caída del precio del petróleo para hacer menos visible el déficit fiscal que causó su gasto exorbitante, abusivo en indelicado.
Abrigo la esperanza que el presidente Iván Duque promueva una verdadera reforma social y económica, que, entre muchos aspectos, restituya el orden constitucional quebrantado, reoriente y fortalezca la educación, resuelva la creciente crisis de la salud y le devuelva la racionalidad al mercado financiero.
Es claro que los mayores problemas que Colombia afronta, son invisibles para la inmensa mayoría de sus ciudadanos.
Publicado: enero 25 de 2021
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*Rafael Rodríguez-Jaraba. Abogado Esp. Mg. Litigante. Consultor Jurídico. Asesor Corporativo. Conjuez. Árbitro en Derecho. Profesor Universitario de Derecho Financiero. Miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.
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