El 2020 terminó sin que la administración de Claudia López lograra mayores avances en seguridad, movilidad o reactivación económica. El exceso de discursos contrastó con la falta de ejecución y la conflictividad desbordada de la Alcaldesa no logró ocultar los graves problemas que tiene Bogotá. El balance es más que flojo y, lo peor, es que las cosas no parecieran cambiar a futuro.
En materia de seguridad hay un evidente corto circuito entre el Distrito y la Policía, propiciado principalmente por las propuestas de la Alcaldesa de desarmar a la institución y despojar a los uniformados del fuero penal militar. Titulares que tienen eco en los medios, pero que afectan notablemente la moral de la tropa, más aún cuando provienen de la jefe de la entidad en la ciudad.
Además, solo se destinará el 1.7% de los recursos del Plan Plurianual de Inversiones 2020-2024 a seguridad. De hecho, mientras que para 2021 se aprobaron $777.243 millones para el sector cultura y recreación, tan solo se asignaron $587.543 millones para combatir la criminalidad en la ciudad. Una distribución absurda con la cual será imposible evitar los múltiples asesinatos en el transporte público, mejorar la percepción de inseguridad que oscila entre el 80% y 90% y disminuir, entre otros, los hurtos a bicicletas, los cuales durante 2020 aumentaron un 35% frente a 2019.
En movilidad el panorama no es más alentador. Se desmontó la licitación de Transmilenio por la 7ma para iniciar desde cero el corredor verde, un proyecto de buses biarticulados con carril exclusivo. Es decir, la misma estructura a un costo casi idéntico de $2 billones, solo que con nombre diferente. Paralelamente, se malgastaron $5.300 millones para pintar de verde la flota nueva de buses del SITP que adquirió la administración Peñalosa, un gasto realmente innecesario.
Asimismo, siguen en el aire los proyectos para la ampliación de los accesos viales de la ciudad, tales como la calle 13 o la autopista norte, para los cuales nada que se logra garantizar su financiación. Mientras tanto, los bici-carriles parecen ser la única estrategia del Distrito para mejorar los tiempos de desplazamiento, a pesar que el mínimo número de usuarios no logran compensar el caos vehicular que generan.
En el ámbito económico, la fascinación de esta administración por imponer restricciones al comercio formal ha dificultado notablemente la reactivación empresarial. Tan es así, que Bogotá fue la última ciudad del País en levantar las cuarentenas, lo cual disparó en su momento la tasa de desempleo al 26%, seis puntos más que el promedio nacional. El sector privado está reventado y ni los auxilios del Gobierno Nacional ni de la Alcaldía logran compensar las pérdidas que generan los confinamientos.
En este aspecto, no se puede dejar de mencionar que la severidad con que el Distrito ha tratado a los empresarios formales dista radicalmente de la laxitud con que permitió todo tipo de aglomeraciones, sin control alguno, en los comercios informales, lo cual llevó, junto con la permisividad con las protestas y las celebraciones, a que se disparara de nuevo la ocupación de las UCI de la ciudad.
Al respecto, cabe señalar también quedaron en el aire las 4 mil UCI nuevas que anunció en marzo la Alcaldía, las cuales, de haberse instalado, habrían evitado los confinamientos actuales. Una promesa incumplida que ahora le pasa factura a Bogotá.
En el campo fiscal, el renombrado Plan Marshall con el cual la Alcaldía pretende sacar a la ciudad de la crisis no es otra cosa distinta a una reforma tributaria solapada, dado que los alivios aprobados para 2021 serán absorbidos por el alza en el ICA que tendrán que asumir varios sectores hasta el 2024. Una desproporción insensata que incrementará aún más los costos de producción de las empresas y le restará competitividad a Bogotá en relación a otras ciudades que ofrecen mejores condiciones de inversión.
Finalmente, el relacionamiento con el Gobierno Nacional no puede ser peor. Claudia López ha recurrido a atacar prácticamente todas las decisiones del Presidente con el propósito exclusivo de desviar la atención de los alarmantes problemas de la ciudad. Una estrategia que le puede servir en el corto plazo para manejar los medios, pero que no oculta las problemáticas que genera la descoordinación de su administración.
En últimas, el panorama no es el mejor y no pareciera mejorar. La arrogancia de López para admitir sus errores le está empezando a pasar factura y mientras tanto la ciudad está a la deriva de los cambios de posición de una Alcaldesa que está más preocupada por las elecciones del 2022 que en fortalecer el tejido empresarial y social de Bogotá.
Publicado: enero 13 de 2021
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