En plena temporada navideña, la policía capturó en Barranquilla y Santa Marta a 3 peligrosos criminales que hacen parte de la estructura delincuencial denominada ‘el cartel de la toga barranquillero’. Se trata del fiscal 56 de la capital del Atlántico, Gustavo Adolfo Orozco Pertuz y de los jueces 1 y 13 de esa misma ciudad, Alberto Oyaga y Rafael Uribe.
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Luego de su captura, faltando pocas horas para que entrara en vigor la vacancia judicial de Colombia, los abogados de los procesados intentaron lograr la liberación de sus clientes, acudiendo a toda suerte de artimañas, como la presentación de 5 acciones de ‘habeas corpus’, una de ellas formulada en la noche del 31 de diciembre a pocos minutos de la media noche.
Después de una infinidad de vaivenes, un juez de la República definió la situación jurídica de los detenidos.
La decisión cayó en manos del juez promiscuo de Galapa, un pequeño municipio del Atlántico. A pesar de la contundencia de las pruebas, en medio de lágrimas, suspiros y sollozos, el juez tomó la decisión de decretar una insólita detención domiciliaria contra Orozco, Oyaga y Uribe. Siempre, o casi siempre, la solidaridad de cuerpo tiene una fuerza aplastante.
No tiene porqué sorprender que un fiscal y dos jueces, imputados por delitos gravísimos -fraude procesal y prevaricato por acción- en vez de ser mandados a la cárcel, hayan sido favorecidos con detención en sus respectivas casas. La determinación debe ser leída como un tapen-tapen que estaba cantado.
Durante la vacancia judicial, uno de los imputados -el juez Oyaga- desde el cómodo hotel en el que estaba detenido, les envió un mensaje a través de la plataforma WhatsApp a sus colegas en el que les advertía que hoy el capturado era él, pero que mañana los encartados podrían ser otros. Una amenaza evidente que al parecer surtió efecto.
A lo largo de la accidentada audiencia, el abogado que representa a la rama judicial, el doctor Francisco Bernate Ochoa, se preguntó porqué solamente estaban sentados sobre el banquillo de los acusados los jueces y el fiscal y no los determinadores del crimen.
Este portal pudo establecer que el abogado Bernate, quien pidió que los jueces y el fiscal implicados fueran enviados a una cárcel y no a su residencia, en las próximas horas solicitará formalmente que las personas que estuvieron detrás de los delitos cometidos por Oyaga, Uribe y Orozco Pertuz y que se beneficiaron de esa operación delincuencial, sean investigados e imputados.
Un investigador de la fiscalía, que lleva más de dos años conociendo el caso de ese cartel de la toga, le aseguró a LOS IRREVERENTES que “esto es como una mesa de 4 patas. Ya hay 3 de ellos en manos de la justicia, pero falta la cuarta ‘pata’: los que abordaron a los operadores judiciales con el fin de que violaran la ley y los favorecieran con sus investigaciones y decisiones”.
¿Quién o quiénes resultaron beneficiados con las acciones de los jueces y el fiscal capturados? La respuesta salta a la vista de todos: el clan que lidera el cuestionado Carlos Jaller Raad. Él, su esposa -Ivonne Acosta-, sus sobrinos, socios y abogados, son los que siguen en esta investigación cuyos resultados hasta ahora se comienzan a ver.
Publicado: enero 19 de 2021
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