Ya pasaron 29 meses desde el inicio del Gobierno Duque y la fumigación aérea nada que arranca: muchos anuncios y pocos resultados en un tema crucial. Mientras tanto, la erradicación manual presenta unos porcentajes de resiembra extremadamente altos, la vida de los soldados que adelantan esa labor es expuesta inaceptablemente día a día y la violencia generada por el control del narcotráfico no cesa en las regiones.
El panorama es realmente alarmante. A pesar que el año pasado el Gobierno reportó la erradicación de 94.000 hectáreas, de acuerdo al sistema de medición del Departamento de Estado los cultivos totales aumentaron de 208.000 hectáreas en 2018 a 212.000 en 2019. Es decir, no se está haciendo nada porque los niveles de resiembra superan el 100%.
Además, Colombia sigue siendo el principal productor de coca del mundo y las incautaciones poco o nada hacen para cambiar el panorama. Lo más preocupante de todo, es que la erradicación manual implica exponer a los soldados a una ruleta rusa de campos minados, francotiradores y bombas que van a hacer hasta lo imposible para proteger el millonario negocio.
De hecho, nada más en 2018 hubo 81 víctimas en este proceso, cifra a la que se deben adicionar los constantes asesinatos que cada mes han venido ocurriendo en Tumaco, Putumayo o Catatumbo. Realmente es un acto inhumano y miserable enviar a los uniformados a firmar su sentencia de muerte en la erradicación manual cuando está demostrado que la fumigación aérea es la mejor alternativa.
En efecto, esta herramienta permitió disminuir los cultivos ilícitos de 169.800 hectáreas en 2001 a 48.000 en 2012 sin tener que exponer a la fuerza pública a riesgos innecesarios. Es más que evidente que es la mejor opción.
En especial, cuando con la actual estrategia no vamos para ningún lado. Claro, a partir de 2018 se logró detener la marcada tendencia al alza de los cultivos ilícitos que inició en 2015 cuando el Gobierno Santos decidió suspender la fumigación aérea y en 4 años tiró a la basura el esfuerzo hecho en toda la década anterior
Sin embargo, esto no es suficiente. Nuestra relación comercial, presupuestal y política con Estados Unidos cada vez se debilita más ante la imposibilidad de disminuir los cultivos ilícitos a pesar de los US$450 millones que anualmente Washington le gira a Bogotá, sin mencionar que es prácticamente imposible recuperar la seguridad en las regiones cuando existe una lucha por el control de la coca.
Además, no podemos dejar de señalar que actualmente hay 10.400 soldados realizando labores de erradicación. Para poner esta cifra en contexto, si esa cantidad de uniformados se trasladaran a Bogotá se lograría cubrir el déficit de Fuerza Pública que tiene la ciudad y muy seguramente mejoraría la alarmante situación de seguridad.
En últimas, el único camino probado que queda para mejorar la situación es retomar la fumigación aérea. Ya superamos el 50% del tiempo de la actual administración y nada que se ven resultados en este aspecto. Sin importar si las trabas han sido por consultas previas, fallos judiciales o trámites administrativos, lo cierto es que el Gobierno se durmió en los laureles y ha acolitado una excesiva demora que está costando vidas. El País reclama fechas concretas, a corto plazo, donde se abandonen los discursos e inicie la ejecución.
Publicado: diciembre 16 de 2020
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