Hace apenas un mes, la Fiscalía capturó una red delincuencial que otorgaba cédulas colombianas a ciudadanos de países como Venezuela, Cuba e Irán. El caso no es nuevo; en enero de este año, se habían capturado varias personas entre funcionarios, exfuncionarios, y delincuentes comunes, sindicados por el mismo delito. El Registrador Nacional aclara que este tipo de conductas punibles han disminuido, pero también admite la gravedad de un problema que afecta seriamente la seguridad nacional, dado que miembros de las FARC y el ELN, así como terroristas internacionales, habrían logrado obtener por sumas que van desde los 2 hasta los 20 millones de pesos, una cédula colombiana, no solo para transitar libremente por el país, sino que también les da derecho a sufragar e incidir electoralmente en los resultados de los próximos comicios, algo supremamente delicado para nuestra democracia e instituciones.
En buena hora, en agosto de este año la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral y el Gobierno nacional en cabeza del presidente Iván Duque, radicaron un proyecto de Ley Estatutaria que busca que el país pueda tener un Nuevo Código Electoral, remplazando al viejo estatuto que nos rige desde hace 34 años, creado antes de la Constitución del 91, formulado para un país que tenía una connotación política bipartidista, en la que no convergían todos los sectores de la sociedad, cercenando de esta manera, los principios de equidad y participación igualitaria que se requieren en una democracia moderna.
Grandes cambios se han evidenciado en la historia política de Colombia desde comienzos del siglo XIX, cuando cada persona firmaba una hoja que contenía un listado de candidatos. Durante esos años, era el gobierno quien monopolizaba los comicios, establecía los procesos electorales y tenía poder absoluto sobre los resultados; fue hasta mediados del siglo XX, cuando se hizo evidente la necesidad de crear un código electoral que comenzara a entregar al ciudadano, el derecho al libre ejercicio de sus derechos, con iniciativas como el voto femenino, y la disminución de edad de los 21 a los 18 años para sufragar, entre otros.
Sin embargo, aún hace falta importantes avances, toda vez que el Código Electoral de 1986 es obsoleto y presenta grandes vacíos que se han ido subsanando con la Carta Política de 1991, pero insuficientes. No obstante, se hace necesario promover una reforma legal a través de la expedición de un nuevo Código Electoral, que esté a la altura de nuestros tiempos. Colombia es considerado como uno de los países más atrasados en materia de legislación electoral, basta mirar que, desde hace más de un siglo tenemos una la jornada electoral que cierra a las 4 de la tarde, como en aquellos tiempos en que debía hacerse dicho cierre, por falta de energía eléctrica (luz de velas).
El nuevo código, propone justamente esos cambios estructurales; planteando la posibilidad de tener una jornada electoral más amplia, permitiendo que las personas dispongan de mayor tiempo para ejercer su derecho al sufragio. Este, será además un código que brinde garantías en equidad de género, aumentando al 40% la cuota de participación de la mujer en los distintos cargos de elección popular, definiendo a favor de la misma, los casos de empate en el conteo de votos, y ampliando las causales que definen la violencia política contra la mujer.
Además, entre los diferentes estímulos a las personas que participen de la contienda electoral –con el fin de evitar la abstención– estarán: la prioridad al votante para acceder a subsidios de vivienda, o becas educativas; transporte gratuito el día de las elecciones por parte del Estado, y no del político que ofrezca estos mecanismos de movilidad, la creación de más puestos de votación para garantizar mayor participación sin colas interminables en las urnas, así como la extensión a una jornada laboral completa para quienes voten.
Por otra parte, con la implementación del voto mixto se reducirá notablemente la gran cantidad de votos nulos, toda vez que haciendo uso de la tecnología biométrica se garantizará que la persona que asista a las urnas, sea realmente el titular del derecho político. De igual manera, este mecanismo evitará el fraude que cometen muchos jurados anulando votos válidos, toda vez que el elector depositará en la urna, el voto impreso sin que haya lugar a ninguna tacha o alteración del tarjetón.
Otra innovación que traerá el nuevo código será la inscripción en el censo electoral, en el sentido que el ciudadano le indicará al organismo electoral el lugar donde quiere votar de conformidad con sus intereses y derechos políticos. El censo electoral, además será, utilizado para determinar la ubicación de los jurados de votación, lo que permite que la designación de los funcionarios para este menester, no sea definida por las oficinas de recursos humanos de las diferentes entidades, lo cual se prestaba para fines politiqueros y clientelistas.
Uno de los grandes desafíos que tendrá que enfrentar la nueva legislación electoral, será combatir la trashumancia. Es sumamente delicado y nefasto para nuestra democracia que, en cada contienda electoral terminen votando centenares de personas en otras regiones con las cuales no tienen ningún nexo; y ni qué decir de las personas que han fallecido y que a menudo resucitan en tiempo de elecciones para ejercer el voto.
En consecuencia, el extenso articulado del nuevo código electoral contemplará una gama de probabilidades para garantizar la participación del grueso de los votantes, lo que a la postre fortalece la democracia. El proyecto bajo estudio, es el resultado de un profundo análisis y consenso interinstitucional, en el que se han identificado las principales falencias de la actual legislación, con el fin de subsanar las mismas.
Hoy, el país cuenta con poco más de 36 millones de ciudadanos habilitados para votar, y esto nos obliga como Estado a usar la tecnología para hacer más efectivos y transparentes los procesos electorales. El voto anticipado, el voto electrónico mixto en puesto de votación, el voto remoto o digital, son medidas que seguramente van a agilizar la participación democrática de los colombianos, y pondrán a nuestro país a la vanguardia en esta materia.
Es hora de salir del retraso electoral, evitar el fraude, y fortalecer la democracia. Dicho todo esto; ¿por qué negarnos al cambio?
Publicado: diciembre 2 de 2020
3.5
5