Reconforta que el Gobierno del Presidente Iván Duque esté seriamente comprometido en sacar adelante una Reforma a la Justicia para restituirle su honor, autoridad, respeto y majestad.
Pero lograrlo, no es tarea fácil, máxime, habiendo magistrados en las altas cortes interesados en mantener sus privilegios y sus prácticas contrarias a la ley, así como congresistas dispuestos a debilitar las instituciones democráticas, sumado al hecho, de la corrupción rampante que nos asola, dada la cercanía de muchos ciudadanos a la contravención y el delito, o al menos, al favor indebido, al privilegio, a la prebenda y a la componenda.
Para reimplantar el orden social, más que reformar la Justicia, se requiere que la sociedad se reforme. De poco sirve, remozar normas, abreviar procesos, aumentar penas y construir prisiones, si no se siembra honor y virtud en mentes y corazones.
Mientras que la Educación es un fin, la Justicia es un medio remedial para restituir la equidad que no cultiva la primera. Por eso constituye una quimera esperar, que una reforma a la Justicia supla las falencias éticas de la población sin antes reformar su Educación.
Federico de Amberes dijo:
“El origen de la causa es causa de lo causado; inútil resulta combatir los problemas si solo se atacan sus efectos y no el origen de ellos”.
Luego agregó:
“No hay mayor causa de pobreza, corrupción y violencia que la falta de educación”.
Evocar esta sentencia -que por predecible no deja de ser categórica- sobrecoge, en razón a que generalmente, la sociedad compromete esfuerzos y recursos en neutralizar las consecuencias de los problemas y no en erradicar el origen de ellos. La sentencia de Federico de Amberes en Colombia es un axioma.
Es claro que la pobreza, la corrupción y la violencia que nos agobia, es consecuencia de la falta de Educación; pero no de educación escolarizada e informativa, sino de educación ciudadana, fundamental e integral.
No se puede esperar que un sistema de justicia enmiende y corrija las deficiencias estructurales de una sociedad desbordada, en la que sus gobernantes y legisladores perciben la educación y la justicia como un gasto y a la violencia como un fenómeno político.
Como se recordará, Juan Manuel Santos intentó hacer reformas a la Educación y la Justicia, pero esos remedos de reformas, por entronizar más holgazanería y corrupción, causaron escándalo y rechazo, por lo que las debió retirar o “hundir” ante la protesta nacional.
No se debe olvidar, qué mediante innecesario Acto Legislativo reformatorio de la Constitución, Santos negoció con el Congreso la aprobación de una reforma a la Justicia, al final, plagada de despropósitos, argucias y artificios, la que de manera obsecuente y desvergonzada le aprobó el Congreso.
Tampoco se debe olvidar, que luego de aprobada, y ante el malestar nacional, en un intento por aniquilar su propio engendro y acallar el repudio nacional, Santos y su Congreso de bolsillo, desconociendo, que un Acto Legislativo no se tramita como una Ley Ordinaria y que su aplicación solamente se puede suspender mediante: i.) Declaratoria de Inexequibilidad pronunciada por la Corte Constitucional; ii.) Derogatoria mediante otro Acto Legislativo; y, iii.) Por decisión del constituyente primario por vía de referéndum, decidieron “hundirla o archivarla» incurriendo en una conducta absolutamente abusiva, ilegal y sin precedentes en la historia jurídica del país.
Menos se debe olvidar, que la fallida Reforma a la Educación promovida por Santos, le costó al país la suspensión durante dos meses de la actividad académica en todas las universidades públicas, habida cuenta, que con ella se pretendía, antes que aumentar la inversión en educación, disminuirla, en clara demostración de su visión cortoplacista, proclive a sacrificar la estabilidad estructural por la coyuntura fiscal.
Su obtuso proyecto buscaba, que el presupuesto de la educación se condicionara al comportamiento futuro e incierto de variables macroeconómicas, cuyo desempeño paradójicamente dependen de la eficacia misma de la educación.
Santos intentó condicionar la inversión en educación al crecimiento del PIB, cuando lo racional es proyectar el crecimiento del PIB de acuerdo a la tasa de retorno esperable de la inversión en educación.
Durante todo su gobierno, Santos dio evidencias de su falta de capacidad y estatura para gobernar. Lo único que consiguió, fue lo que compró o fletó, como lo hizo con la mayoría del Congreso y de los medios de comunicación.
Para bien del país, esas perversas intentonas de Santos fracasaron, y hoy, la nación tiene la oportunidad de recomponer su Justicia, y para lograrlo, se debe apoyar el trabajo que adelanta la Comisión de Reforma a la Justicia nombrada por el Gobierno.
Es manifiesto el afán del Gobierno del Presidente Duque por reformar y modernizar la Administración de Justicia, y por seguir fortaleciendo la Educación tal y como lo ha venido haciendo, prueba de ello, es que en el año 2021, la Educación en Colombia tendrá el presupuesto más cuantioso de toda su historia, lo que hace promisoria la esperanza de progreso.
MENSAJE AL ALMIRANTE GABRIEL ARANGO BACCI
Señor Almirante
Gabriel Arango Bacci
E.S.D.
Apreciado Gabriel:
Me siento reconfortado con el fallo del Consejo de Estado, que ordena a la Fiscalía indemnizarte por los graves e irreparables daños y perjuicios causados, noticia que tanto había esperado.
Lo importante es que Juan Manuel Santos y los autores de semejante despropósito, asuman y paguen las consecuencias.
Seguí con la mayor atención tu dura vigilia y sabía que llegaría la reivindicación de tu nombre, honra y honor. Colombia y la Armada Nacional te deben un desagravio.
Desde la época en que fuimos compañeros en la Escuela Naval, creo en tu rectitud, pulcritud y honorabilidad, y siempre te recuerdo y te he considerado como un Gran Señor y un auténtico Caballero del Mar.
Gabriel, lo mejor siempre está por venir.
Buen tiempo, buen viento y buena mar.
Abrazo fraterno.
Rafael Rodríguez-Jaraba
Publicado: diciembre 6 de 2020
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*Rafael Rodríguez-Jaraba. Abogado Esp. Mg. Litigante. Consultor Jurídico. Asesor Corporativo. Conjuez. Árbitro en Derecho. Profesor Universitario. Miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.
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