Pienso en Flexner y su reforma educativa hace más de 100 años. Concebía a el médico como la persona rica en conocimiento y en cultura. Esta formación humanística les facilitaría a los conceptos éticos asimilados, regular el comportamiento y su proceder. “La proliferación de escuelas de medicina obedece a razones principalmente económicas (y políticas)” y otra de sus premisas ”el médico es un instrumento social”
Esto permite llegar a la histórica fecha cuando se firmó la Ley 1917 de 2018 en el cual se reglamentó el Sistema de Residencias Médicas en Colombia. El estado dispondría de mejores condiciones para la formación de este recurso humano insustituible en el sistema de salud. Por fin, los 5.300 médicos, mañana especialistas, recibirían del estado dos reconocimientos: profesionales en vía de adquirir un concepto especializado autorizados para ejercer durante el proceso académico de formación y un estipendio estimado en tres salarios mínimos legales.
Los pasos paquidérmicos del estado empezaron a andar y solo hasta julio del 2020 recibieron nuestros colegas el primer pago. Dos resoluciones: 1872 del 2019 y 1052 del 2020, hicieron realidad este anhelo. Dos millones tres cientos cuarenta mil pesos ($ 2.340.000) y los aportes parafiscales. ADRES, Administradora del Recurso del Sistema General de Salud, giraría a cada uno de los médicos residentes, de la cuenta del presupuesto nacional esta mesada. Se pudo abolir una intermediación de la IPS o de la Universidad y esta platica llegaría directo al bolsillo necesitado y limpio de estos colegas. Aún falta y hasta hace una semana 500 de los 5.300 residentes no habían recibido el pago de julio del 2020.
Esto de las residencias médicas en Colombia es toda una fábula. Durante la primera época existieron dos posibilidades para obtener el título de especialista. La familia mandaba al egresado al exterior unos años, en un proceso muy heterogéneo en la formación, y este volvía con el certificado debajo del brazo con la consagración de idoneidad. O hasta cuando en 1959 se fundó ASCOAME (Asociación Colombiana de Facultades de Medicina) quien certificaba al especialista. Una figura interesante se legitimó en ese periodo: se entregó el título de especialista bajo la figura de “experiencia adquirida”. El médico egresado se quedaba años bajo a protección tutorial del profesor, era su discípulo elegido y luego se convertía en Especialista.
Nunca entendí por que esta función de ASCOFAME le fue quitada y se la entregaron al ICFES, instituto recién inaugurado quien la tuvo pocos años. Luego pasó a ser responsabilidad del Ministerio de Educación Nacional y éste dejó en las Universidades, responsables del programa, la certificación del especialista. Hoy tenemos 540 programas de posgrados, 400 sitios de formación entre hospitales universitarios e IPS como escenarios de prácticas.
La educación en Colombia y el aumento de la oferta educativa, bajo la sombra de la Ley 30 de 1992, experimentó la más alta tasa de crecimiento. Los programas de pre y posgrado, entre esos las Facultades de Medicina, alcanzaron cifras del 300% de crecimiento lo que algunos educadores definieron como “explosión de facultades”. Sin escenarios de prácticas las empresas educativas florecieron. Hasta tiempo compartido: varias facultades en la misma institución hospitalaria. El delirante paciente con tres historias clínicas y si aparecía un hallazgo semiológico inusual era popularizado su descubrimiento. Recuerdo este: “el anillo de Kayser-Fleischer” en la intoxicación por cobre. El mercado de la educación imparable desde 1982 y con costos por las nubes para los posgrados de medicina donde se cancelaba cifras de 40 millones por año de especialización. Se estima que, para acceder un programa de especialización, un médico colombiano debía tener en caja un presupuesto cerca de 250 millones de pesos.
Los alcances de la 1917 fue la creación del Sistema Nacional de Residencias Médicas. No es solo el bono o mantenimiento educativo sino la afiliación al sistema de salud y riesgos profesionales. Pero hay muchos más logros, por ejemplo, el tope en las matrículas de posgrado. Las universidades deben justificar el porqué de los costos. Resulta inexplicable que un semestre de posgrado en Neurocirugía cueste 20 millones de pesos. Ojalá dentro de esta justificación figure un justo salario a los profesores quienes extendiendo su labor asistencial adquieren un apéndice docente. Esto debería obligar a las Universidades a establecer la carrera docente y la formación de su cuerpo de profesores. La adquisición de tecnología de punta para que los hospitales, escenarios de enseñanzas, sean centros de ata tecnificación. O tal vez la formación complementaria de los practicantes en epidemiología y así los trabajos de promoción, más que revisión de temas, sea proyectos de investigación con impacto en las políticas de salud pública del país. Así si justifico, siendo generoso, los altos costos de la matrícula. La normatividad de la Ley 1917, habla en su artículo 12 que los costos deben ser “verificables y demostrables”. La autonomía universitaria no puede ser el escudo para no explicar los sobrecostos.
Esta debe ser una de las reformas más trascendentales en la educación médica del país. Dejar de considerar al médico residente como un estudiante de posgrado, regular la excluyente matrícula, eliminar el odioso cobro de los hospitales a las universidades por el uso de sus instalaciones y como este rubro era la justificación para las altas matriculas. Hay pasos que debemos dar: un examen único de admisión regulado por el estado en donde los mejores y la meritocracia asignen los cupos. Estándares de calidad homogéneos, no requisitos mínimos, en la formación de los futuros especialistas y flexibilidad en las rotaciones extramurales para que la sociedad del conocimiento tenga entre sus pilares la igualdad. Por lo menos ya empezamos: dejar de pagar por trabajar.
Publicado: noviembre 6 de 2020