El País requiere una Corte única, sin derroche burocrático, que actúe como órgano de cierre y deje de absorber el 19% de los recursos de la Rama Judicial. El funcionamiento de las cuatro Altas Cortes que actualmente existen es excesivamente costoso y no resuelve los principales problemas de los ciudadanos.
Como tal, para el 2020 la Rama Judicial tuvo asignado un presupuesto de funcionamiento de $4.3 billones, de los cuales $824.833 millones se destinaron a la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura, sin contar los $449.675 millones de inversión que administra esta última entidad.
Es decir, el 19% de los recursos de la Rama se utilizan para financiar la excesiva burocracia de las Altas Cortes en Bogotá, a lo cual hay que adicionar el hecho que de los 5.488 jueces que hay en Colombia tan solo 97 son magistrados de estas cuatro corporaciones, lo que significa que el 1.7% de los togados absorben junto con sus equipos de trabajo una quinta parte del presupuesto. Una desproporción absurda.
Además, como consecuencia de esta inequitativa asignación de recursos, que de paso impide ampliar el número de jueces de primera y segunda instancia, en el País hay un promedio de 11 togados por cada 100.000 habitantes, mientras que ese mismo indicador en la OCDE asciende a 65, lo que significa que tenemos un déficit de 54 funcionarios.
Lógicamente, como resultado el 20% de los procesos judiciales no se pueden resolver en el mismo año en que fueron radicados, con lo cual pasan a engrosar la vergonzosa cifra de 1.8 millones de casos pendientes. En especial, porque temas como incumplimientos contractuales, controversias laborales, deudas de alimentos o el cobro de títulos valores, que son las principales problemáticas de los ciudadanos, no se resuelven en el Palacio de Justicia en Bogotá, sino en los juzgados de las regiones.
Debido a lo anterior, es urgente reestructurar la Rama Judicial y unificar las cuatro Altas Cortes en una única corporación, sin facultades electorales, que no funja como juez de instancia, sino como órgano de cierre que examine exclusivamente aquellos casos controversiales que sirven para establecer los nuevos parámetros jurisprudenciales que deberán acatar las instancias inferiores.
Con esto, la gran mayoría de los procesos se resolverían con mayor celeridad en los Juzgados y Tribunales sin necesidad de esperar un eterno pronunciamiento, por ejemplo, del Consejo de Estado. Asimismo, el ahorro de recursos que implicaría suprimir estas entidades permitiría liberar presupuesto para ampliar la infraestructura de las primeras y segundas instancias, de tal forma que logremos disminuir nuestro alarmante déficit de jueces.
La creación de la Corte única no es una venganza política contra ninguna entidad, sino el punto de partida de la necesaria reestructuración que se le debe hacer a la Rama Judicial. Los recursos son escasos y en vez de destinarlos para financiar la excesiva burocracia de las Altas Cortes, deberían utilizarse para superar la inconcebible congestión que condena a los ciudadanos a esperar varios años para que sus reclamos de justicia tengan una solución.
Publicado: noviembre 4 de 2020
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