El gobierno del presidente Iván Duque ejecuta en las regiones la estrategia de reactivación economía a través de inversiones de alto impacto social mediante la figura denominada “Pactos Territoriales” que lidera el Departamento Nacional de Planeación. Estos pactos buscan la financiación de obras focalizadas en los departamentos que solucionen con prontitud problemas de saneamiento básico, agua potable, salud, educación, conexión a internet, energía, infraestructura vial, y proyectos agropecuarios.
A la fecha se ha estructurado cuatro “Pactos Territoriales” cercanos a los $4 billones en los departamentos de Santander, Guajira, Cesar, y en el Golfo de Morrosquillo. Es importante saber, para bien de la sana política, la administración pública, y la información, que estos pactos son viables si existen en las gobernaciones o regiones asociadas equipos técnicos que entiendan de la necesidad y celeridad en la estructuración de estudios y proyectos de alta calidad y ajustados al propósito que busca el Gobierno Nacional como es el de la lucha contra la pobreza, mejoramiento de la calidad de vida, y generación de empleo.
En su más reciente visita al departamento de Santander, el Ministro de Vivienda Ciudad y Territorio, Jonathan Malagón, dejó claro que para estos pactos o planes de inversión se conviertan en hechos ciertos se necesita que los entes territoriales estructuren “mejores” proyectos y que tengan “licencia social” que permite a las comunidades conocer inversión, seguimiento a la ejecución, y por supuesto, veeduría de la comunidad.
En el caso de Santander el anuncio de $1.7 billones no es un cheque en blanco que tendrá la gobernación en los próximos días, por el contrario, asegurar esos recursos depende del gobernador Mauricio Aguilar y de su equipo técnico para no quedarnos con el sin sabor que nos dejó el “Contracto Plan”, anunciado estruendosamente en el Gobierno del expresidente Santos y del exgobernador Richard Aguilar, el cual fue presentado como la más grande de las inversiones en la historia de Santander ($6.1 billones de pesos), de los cuales solo se recuerda la fallida pavimentación y construcción de la vía San Gil–Duitama.
Si sumáramos los anuncios billonarios de estos contratos, pactos, y ley 400 años de Bucaramanga, estaríamos hablando de $8 billones de pesos, más los $10 billones que anunció sin sonrojarse el alcalde de Bucaramanga, cifra que solucionaría el problema estructural que tiene Santander como es el de las vías terrestres.
Mientras se siguen haciendo anuncios billonarios en inversión, Santander sigue sin vías competitivas que nos comunique con Bogotá, Cúcuta, Medellín o la Costa Atlántica. La mejor inversión que se puede hacer para reactivar la economía y generar empleo en Santander es el mejoramiento de vías y la construcción de vías de cuarta y quinta generación que permita a la cuarta economía del país competir con otros mercados y lograr inversiones para combatir el desempleo y la informalidad.
Las inversiones sociales son necesarias, no nos oponemos, pero conociendo como conozco a los Aguilar, estas obras se convertirán en cambalaches electorales y contractuales, que se sumarán a la lista indeterminada de promesas e ilusiones que se hacen elección tras elección.
Afortunadamente tenemos de ministro al doctor Malagón, no se estrellen con él.
Publicado: noviembre 24 de 2020
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