Nadie sabe muy bien cómo debe paliarse la pobreza que se está disparando por la pandemia tras casi un año de contracción de todas las actividades económicas y ante la perspectiva de más cierres, como en Europa, por rebrotes del virus. Para unos expertos, el Estado debe multiplicar el gasto con el fin de irrigar recursos en toda la economía. Para otros, hay que imponer más impuestos para que los ricos paguen este desmadre. Entre quienes quieren más impuestos también se encuentran los que abogan por ampliar la base tributaria para incluir a la clase media. Finalmente, parece haber un tercer grupo que propone no hacer nada y dejar que la economía se reactive sola, con apenas la intervención estatal necesaria para generar las libertades que propician el crecimiento económico.
Este será uno de los temas que más polémicas desaten de aquí al 2022. En Cali, por ejemplo, hay un gran escándalo porque su alcalde se va a gastar 11.000 millones de pesos para hacer la feria de esa ciudad en modo virtual y otra cifra similar para los alumbrados navideños, incluyendo alumbrados móviles dispuestos en camiones para llevar la celebración a todos los barrios. Dicen que es más sensata la decisión tomada por el alcalde de Barranquilla de cancelar su famoso carnaval, mientras que en Medellín se inició la Feria de las Flores también en modo virtual, pero sin mayores críticas. La queja es que estos dineros se deberían destinar al alivio de la crisis generada por la pandemia, aunque siempre se ha dicho que las ferias y las actividades decembrinas son impulsoras de la economía.
Caso aparte es el de Bogotá, donde la alcaldesa López logró que el Concejo le apruebe un endeudamiento por diez billones de pesos para ejecutar un plan de reactivación económica y le está pidiendo al Gobierno Nacional un regalito de 1.8 billones de pesos dizque para evitar que crezca la pobreza en Bogotá. Si a eso le sumamos que 7 de cada 10 pesos de los 17 billones que costará el Metro, se quedarán en el capital, tenemos las condiciones suficientes para una recuperación que verdaderamente pueda tildarse de Plan Marshall por sus buenos resultados y no solo por el nombre. Es que estas cifras hacen ver los gastos de Ospina, en Cali, como unas limosnitas, pero en ambos casos la corrupción, el despilfarro, el populismo y el desgreño administrativo pueden hacer desastres evaporando fortunas sin que estas empujen la recuperación.
Lamentablemente, no hay duda de que, el año entrante, el debilitado gobierno del presidente Duque tendrá que meterse en el fango de una reforma tributaria para aumentar el recaudo de impuestos. Unos quieren que los ricos paguen más, otros quieren que sea más gente la que pague; cada cual según su capacidad. Y sobra decir que la tesis más aceptada es la primera, pues el populismo ha llevado al extremo de hacerle creer a la gente que el Estado debe dar carro, casa y beca de cuenta de los «ricos», que casi nadie sabe quiénes son. En 2011, el director de la Dian, Juan Ricardo Ortega, decía que una persona con ingresos mensuales superiores a 1.5 millones estaba entre el 5% de mayores ingresos, pero que si se le llamaba «rica», se indignaba. Eso demuestra que nuestro país, en realidad, es muy pobre, y que no ha habido libertad económica suficiente para que los individuos generen riqueza.
Hay quienes tienen la enfermiza creencia de que Sarmiento Angulo y otros tres o cuatro gatos deberían correr con todos los gastos, como si sus fortunas no tuvieran límite. Sin embargo, según Forbes, la fortuna del grupo Aval asciende a unos 11.000 millones de dólares que en pesos equivalen a unos 42 billones mal contados. Si eso lo repartimos entre los 50 millones de colombianos, a cada uno nos tocarían cerca de 840.000 pesitos que hoy no equivalen ni a un salario mínimo, y al repartir ese patrimonio dejaríamos sin empleo directo a unas 90.000 personas que trabajan para esa organización con trabajos de calidad, bien remunerados, y a cientos de miles que generan su sustento de manera indirecta de la misma.
Por eso necesitamos más ricos que produzcan más ingresos y más puestos de trabajo, no menos ricos, que es lo que se deriva del aumento de los impuestos y las trabas a las actividades económicas. Eso lo entendió Chile desde los tiempos de Pinochet, convirtiéndose en el país de mostrar del vecindario hasta que, la semana anterior, Piñera quemó las naves abriéndole paso a una peligrosa constituyente impulsada por el chantaje de la violencia y la deflagración de estaciones del metro e iglesias. Eso también lo han sabido muy bien en los Estados Unidos, donde esas políticas han sido remasterizadas exitosamente por un Donald Trump que mañana podría dejarlas al garete por sus desatinos con el coronavirus.
Una nueva reforma tributaria no puede ser más de lo mismo. Se requiere es bajarles los impuestos a las empresas, eliminar los trámites y costos de constitución de las mismas, flexibilizar la contratación y los salarios, reglamentar las consultas populares para que no sean palos en las ruedas del desarrollo, adelgazar al Estado eliminando entidades inútiles además de muchos altos cargos y sus sueldos, estimular el emprendimiento, etc. El Estado haría más con solo estorbar menos, aumentando la libertad económica, que con incrementar el recaudo y el endeudamiento para proveer venenosos subsidios a manos llenas.
Publicado: octubre 3 de 2020
4.5
5