Las crecientes necesidades y aspiraciones de las poblaciones humanas que buscan el progreso socioeconómico y el goce de las riquezas y bellezas de la tierra, han conducido con frecuencia a las comunidades a una explotación poco sagaz de su entorno.
El precio de ese proceder se manifiesta hoy en día con una extensa lista de peligros y desastres, como la erosión de los suelos, la desertificación, la pérdida de las tierras cultivables, la contaminación, la deforestación, la extinción de especies y aun la destrucción de sistemas ecológicos enteros.
Esta degradación y canalización de los ecosistemas afecta directamente la calidad de vida y los niveles reales y potenciales de bienestar de la sociedad humana presente y pone en peligro la supervivencia misma de la especie humana.
“La revolución tecnológica y científica ha propiciado a la civilización un elevado grado de desarrollo. El bienestar del ser humano ha llegado a niveles superiores, no imaginables siquiera por mentes privilegiadas de siglos atrás. El hombre ha hallado la tierra en toda su extensión; no existe región del planeta en la que los hombres no hayan dejado su huella, sea por interés científico o bien por el aprovechamiento de los recursos que la tierra ofrece”.
Sin embargo, los colombianos, ignorantes de su riqueza natural, son depredadores por esencia. Basta que vean agua correr para que le arrojen basuras. Las fábricas, sin control, se deshacen en cualquier lugar de cuantos factores destructores les sobran. Los cielos reciben el resto. La salud pública y el deterioro rápido de los factores de vida pagan las consecuencias.
Uno como un habitante más de este país de contrastes siente una inmensa vergüenza y, a la vez, tristeza al ver como los recursos naturales día tras día se los destruye más, se los acaba en sus distintas formas a través de “negocios” como la minería ilegal, el narcotráfico y los atentados terroristas a la infraestructura petrolera por parte de las bandas criminales que hoy operan a lo largo y ancho del territorio nacional.
Muchas entidades constituidas para proteger en forma efectiva los recursos naturales, como las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), en cargadas de velar por los recursos naturales, sólo existe en el papel; pero eso sí se dan el lujo de recaudar grandes impuestos y de pagar una burocracia inepta que únicamente se dedica a realizar estudios que jamás se ponen en práctica en cuanto tiene que ver con el cumplimiento de las funciones que les dieron origen, es decir, propender por la defensa de los recursos naturales.
Tras los problemas que se presentan por el cambio climático, como las fuertes olas de calor o de frío, y los efectos nefastos que tiene, una cosa queda en claro y es que en Colombia no hay una verdadera y una acertada política ambiental que propugne por el fortalecimiento de la lucha contra la deforestación, la implementación de la política nacional de economía circular, la reducción de las emisiones de gases efecto Invernadero, la masificación de programas de transporte limpio y energías renovables sostenibles.
Pues, aquí lastimosamente, las instituciones con funciones ambientales, sólo se conforman con simples “paños de agua tibia” para solucionar las consecuencias que quedan de los desastres naturales. Y pare de contar.
Así las cosas, y como dijo en Contralor General de la República Carlos Felipe Córdoba, “las debilidades y carencias que persisten en la política pública ambiental no garantizan el gran objetivo nacional de contar con un ambiente sano y hacer un uso sostenible de los recursos naturales, que permita mejorar la calidad de vida actual y futura de los habitantes del territorio colombiano”.
Por lo tanto, hoy más que nunca se necesitan menos discursos y más políticas ambientales que impulsen, orienten y formen conciencia nueva acerca del valor de la naturaleza, del hombre, y de las interacciones entre éste y aquella, de manera que no exista dicotomía alguna entre el ser humano que anhela su bienestar y el medio natural que la hace posible.
Publicado: noviembre 11 de 2020
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