Afortunadamente la plenaria de la Cámara hundió esta semana el Proyecto de Acto Legislativo que pretendía legalizar la marihuana de consumo recreativo. Lejos de crear un mercado regulado con control estatal, esta iniciativa lo único que hubiera logrado es incrementar exponencialmente el consumo en el País. Quizás uno de los peores flagelos al que puede llegar a estar sometida una familia.
Como tal, a lo largo de la discusión se han sostenido varios argumentos a favor de esta propuesta, los cuales se reducen en dos grandes puntos. El primero, eventualmente se incrementaría el recaudo tributario, toda vez que sería una actividad legal sujeta a pagar impuestos. El segundo, el Estado podría tener un control sobre este mercado, incluido su consumo.
Pues bien, ciertamente ambos aspectos, aunque pueden estar bien intencionados, distan radicalmente de la realidad. En primer lugar, si se establece un impuesto demasiado alto, lejos de aumentar el recaudo tributario se termina fomentando el mercado negro, con lo cual no cambiamos en nada la situación actual, razón por la cual la única forma en que la legalización de la marihuana recreativa puede fungir como nueva fuente de ingresos para la Nación es aumentando el consumo, de forma tal que con una tasa impositiva competitiva exista una fuente estable de recursos.
Es decir, tendríamos que condenar a una mayor proporción de ciudadanos, sobre todo jóvenes, a caer en las drogas con tal de recibir más recursos para el Presupuesto General de la Nación. En otras palabras, cambiar la salud y la libertad por un par de centavos.
En segundo lugar, legalizar el mercado de marihuana no necesariamente implica quitarle el negocio a los grupos criminales que tienen los cultivos ilícitos bajo su control, dado que, lógicamente, ellos no tendrían incentivo alguno para sujetarse al marco normativo, más aún cuando continuarían produciendo a menores costos en comparación a los actores legales, con lo cual su producto seguiría teniendo precios más competitivos.
De hecho, si ni siquiera se ha logrado consolidar en el País un proceso de formalización tributaria para la totalidad de las actividades comerciales legales, mucho menos se lograría tal propósito con un mercado tan lucrativo como el de las drogas.
Además, es realmente ingenuo pensar que la legalización le permitirá tener al Estado el control sobre un mercado supremamente regulado. Si hoy en día es casi imposible que las autoridades eviten el consumo de bebidas alcohólicas en menores de edad, que en promedio inicia a los 12 años, ¿qué nos hace pensar que sí podrán hacerlo con la marihuana?
Con todo esto, de haberse aprobado dicha iniciativa se le habría abierto la puerta a un consumo desproporcionado de marihuana en el País. Si ya de por sí la dosis personal y de aprovisionamiento han causado estragos en las ciudades, sobre todo en la lucha contra el microtráfico, la legalización hubiera sido la cereza del postre.
Ojalá que la sólida mayoría del Congreso que comparte estas preocupaciones mantenga su posición y no permita que la agenda de ciertos sectores con intereses económicos privados condene a las familias y las nuevas generaciones de compatriotas al flagelo de la droga.
Publicado: noviembre 6 de 2020
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