35 años después de la toma y posterior recuperación del Palacio de Justicia, las heridas continúan sin sanar. Los responsables del asalto terrorista -el M19-, quedaron en la absoluta impunidad, mientras que un nutrido grupo de militares del más alto rango fueron condenados a largos años de prisión, entre ellos el general Jesús Armando Arias Cabrales quien para la fecha de la toma ejercía como comandante de la XIII brigada del Ejército, unidad que fue la encargada de dirigir la operación de rescate de los secuestrados en poder de los antisociales.
Consecuencia de la acción terrorista, más de 60 personas perdieron la vida. Igualmente, los 33 antisociales que ingresaron al Palacio, fueron dados de baja por el Ejército y la policía nacional.
Los hechos han demostrado que efectivamente hubo irregularidades. De hecho, el propio coronel Alfonso Plazas Vega, en una entrevista concedida para el diario ‘El Espectador’ el 4 de abril de 2008 confirmó que unos oficiales y suboficiales adscritos al ‘Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia’ del Ejército -COICI- habían asesinado a la guerrillera Irma Franco. En palabras del oficial, “del Palacio [de Justicia] salieron dos guerrilleras vivas: Clara Elena Enciso e Irma Franco. La primera logró huir a México, volvió a Colombia y acá se encuentra… La segunda fue asesinada, según la declaración de un testigo con reserva de identidad, que al parecer es un sargento adscrito al COICI, a cargo del entonces coronel Iván Ramírez. Irma Franco fue sacada del Palacio hacia las 10 de la mañana del 7 de noviembre y conducida, como todos los liberados, a la Casa del Florero. Allí, dicen diferentes testigos, fue remitida al segundo piso donde permaneció hasta las 8.30 de la noche. Dice el sargento que la señora Franco fue conducida a las instalaciones del COICI… Allí fue interrogada, torturada y, finalmente, la mataron o se les murió. El mismo testigo aseguró que el cuerpo de la guerrillera fue enterrado en los polígonos del batallón ‘Charry Solano’…”.
Igualmente, el coronel Plazas reveló en aquella entrevista que los uniformados que participaron en la tortura y muerte de la terrorista, “recibieron una felicitación en sus respectivas hojas de vida el 8 de noviembre de 198, ‘por el éxito alcanzado en una operación especial’”.
Coronel Plazas Vega
El oficial a cargo del COICI, Iván Ramírez -a quien curiosamente también se le conoce con el alias de ‘Don Iván’- fue ascendido a general y nunca fue llamado por la justicia.
En cambio, otros militares evidentemente inocentes, sí fueron perseguidos injustamente, como ocurrió con Plazas Vega -que estuvo en la cárcel más de 9 años- y el general Jesús Armando Arias, contra quien pesa una condena en firme de 35 años.
Quienes hayan sido víctimas merecen ser reparadas. Hay que empezar por señalar al M-19 que es el único responsable de lo que ocurrió dentro del Palacio. No se puede olvidar que 11 soldados colombianos perdieron la vida durante el combate que se desató con el propósito de recuperar la sede judicial tomada violentamente por el comando terrorista que gozó de la financiación del capo del narcotráfico Pablo Escobar.
Uno de los civiles asesinados por el M-19 durante la toma del Palacio de Justicia fue el magistrado auxiliar del Consejo de Estado, el abogado Carlos Horacio Urán quien se encontraba en el Palacio de Justicia el día de la toma terrorista.
Hace pocos días, su hija Helena Urán Bidegain publicó el libro ‘Mi vida y el Palacio’, en el que narra su legítimo dolor humano por la muerte de su padre durante la toma, a la vez que hace algunas referencias que, hay que decirlo, no se ajustan en absoluto a los hechos.
No deja de llamar la atención la benevolencia con que la autora trata a los victimarios de su padre. Al referirse a la operación militar de recuperación del Palacio, la señora Urán Bidegain escribió: “La imagen parece la de un rescate espectacular de una película serie B de Hollywood, pero en verdad es una demencia sin nombre: esos enormes artillados disparando contra una edificación que estaba controlada por un puñado de guerrilleros custodiando a varios civiles que, con seguridad, no entendían por qué se seguía disparando desde el exterior con tanta sevicia”.
No. Los terroristas del M-19 no estaban “controlando” el Palacio de Justicia. Ellos ingresaron a ese recinto a sangre y fuego, constituyendo una toma terrorista. Y tampoco estaban “custodiando a varios civiles”. Los tenían en condición de secuestrados a quienes usaron como escudos humanos.
Helena Urán sostiene la tesis de que su padre salió con vida del Palacio de Justicia, que fue conducido a la Casa del Florero, de ahí remitido al Cantón Norte, donde fue torturado y asesinado. Luego, su cuerpo fue llevado de nuevo al Palacio de Justicia y finalmente remitido como N.N. a Medicina Legal, donde fue identificado por una médica amiga de su familia.
Utiliza como pruebas de su teoría del caso unas imágenes de televisión borrosas en las que aparece un hombre cojeando mientras es sacado del secuestro por dos soldados. Y también fundamenta la pretendida remisión de su padre a la guarnición militar en el hecho de que allí hubiera aparecido su billetera.
Respecto de las imágenes, la propia madre de Helena Urán, doña Ana María Bidegain horas después de finalizada la toma del Palacio, declaró ante la justicia que no tenía certeza de que la persona que aparecía en las mismas, fuera Horacio Urán. En sus propias palabras: “Conseguí copia del video y lo vimos con mi hija mayor y estábamos convencidas de que era él hasta ese momento, por la estatura, el físico, el movimiento, salía tenido por los soldados, la ropa era muy borrosa, después vimos otra de los americanos, de la C.B.S, la imagen era un poco más nítida, pero esa imagen no corresponde a la de [noticiero] 24 Horas. Sobre esa imagen no puedo asegurar que era él, era muy parecido, es decir no tengo certeza de que sea él”.
Esa declaración de la viuda de Urán fue el 15 de noviembre de 1985, una semana después de la toma del Palacio.
Pero para despejar dudas respecto de la suerte de Urán, bien vale la pena revisar los testimonios de quienes fueron sus compañeros de cautiverio durante la acción terrorista del M-19.
Empecemos por el testimonio de la señora Luz del Carmen Lozano, quien se desempeñaba como auxiliar judicial del Consejo de Estado. El juez 30 de instrucción criminal le preguntó por las personas que estaban en el Palacio y que ella vio morir allí dentro. Su respuesta fue clara: “Aurita de Navarrete, la doctora Luz Stella Bernal, el doctor Lizandro Romero, el doctor Urán y el doctor Gaona”.
Otro testigo -Francisco Camargo- al que se le preguntó por las personas que vio morir, dio los siguientes nombres: Luz Stella Bernal, Manuel Gaona Cruz, Horacio Montoya Gil, Aura de Navarrete, Carlos Urán y Lizandro Romero”.
Dos magistrados del Consejo de Estado, Aydeé Anzola y Samuel Buitrago también confirmaron que Urán fue asesinado por los terroristas del M-19 dentro del Palacio de Justicia.
Como si fuera un asunto del destino, Urán -que era profesor en la universidad Javeriana horas antes de su muerte dictó su última clase en la que se despachó contra los grupos guerrilleros calificándolos como organizaciones fundamentalistas, poniendo como ejemplo al M-19.
Es verdad que hubo elementos de la Fuerza Pública que cometieron delitos con ocasión del Palacio de Justicia, como denunció el propio coronel Plazas Vega. Seguramente hubo una imperdonable falta de rigor en el manejo y levantamiento de los cuerpos en el interior del Palacio, hecho que ha servido para tejer toda suerte de teorías conspirativas. Todo aquello puede ser verdad, pero en el caso concreto del doctor Urán su hija Helena se equivoca de manera grave al seguir insistiendo en la tesis peregrina de que él fue asesinado por el Ejército, cuando las evidencias ratifican que ese importante jurista fue ultimado por los terroristas dementes del M-19.
Publicado: noviembre 10 de 2020
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