“Imaginar la muerte y evitarla, imaginar la muerte para evitarla, eso es lo primordial, la única lección que no se puede olvidar”, dice el escritor chileno Ariel Dorfman. Y esto es, precisamente, lo que tienen que hacer los habitantes ante el notorio incremento de la violencia urbana.
Hoy en día hablar del fenómeno de la violencia urbana en Colombia, ya no es extraño ni mucho menos extraordinario, máxime cuando luego del fracasado proceso de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc-Ep, la delincuencia se incrementó en todas las ciudades.
En la actualidad, la presencia de la violencia urbana es evidente no sólo al interior de las actividades ilícitas, sino fuera de ellas.
Y, así como se presentan los hechos violentos, nos estamos encontrando frente a una “empresa” sicarial que cada vez crece más.
Como se sabe el sicario es un pistolero al mejor postor. No tiene lealtades ni adhesiones a grupos organizados. Es indiferente respecto a sus víctimas. Su actividad se materializa en un “contrato” por el cual ejecuta la muerte a cambio de una remuneración.
El objetivo por el que se contrata su “trabajo” es indiscriminado. Puede ser ajuste de cuentas por razones económicas, políticas, religiosas, familiares, de honor, sentimentales, etc. Puede ser contra un representante del Estado o de la opinión pública. Frente a todo esto nadie está seguro ante al sicario.
En ese orden de ideas, el sicario, pese a que puede ser formalmente independiente, no subsiste sin una armazón organizativa que lo sostenga. Ello significa que es más un resultado que una causa, en donde están de por medio el contratante (individuo o grupo organizado) y el empresario organizador de la “vuelta”.
Así las cosas, el sicario aparece siendo el último eslabón en la cadena de la muerte.
Bajo esos parámetros, el contratante puede recurrir al sicario llevado por la necesidad de ajustar cuentas, cuando siente que su “oficio” es el medio más expedito ante la ineficacia de la justicia institucional. También puede hacerlo para silenciar testigos de actos delictivos. Igualmente, es factible que lo hagan representantes de organismos estatales para eliminar sujetos presuntamente culpables de alteraciones de orden público o de los marcos culturales que se presumen violados.
De otro lado, el empresario, a su vez, se lucra con la forma de organización que responda a los anteriores criterios. Se convierte en un intermediario que centraliza y hace viable y eficiente la actividad. Como otros intermediarios, su gestión estimula la vinculación de candidatos a ejecutores. Los califica, los dota y muy probablemente busca convencerlos de la justificación del crimen que van a cometer con el argumento que la remuneración es el producto de su trabajo.
El sicario, a su turno, corre con el riesgo de su acción, bien sea a manos de la víctima que se defiende, o por iniciativa de sus contratantes que lo consideran peligroso o ineficiente. El éxito en la comisión del delito y el posible prestigio que ello le traiga están en función en su capacidad de dar muerte. Sin embargo, paradójicamente su éxito puede significar, igualmente, su muerte porque llega un momento en que sabe mucho y se hace urgente borrar cualquier indicio que delate al contratante o empresario.
Dentro de esa estructura organizativa delincuencial, quienes están cometiendo a diario asesinatos a lo largo y ancho del territorio nacional, los cuales a veces se conocen y otras veces no, tienen montada una verdadera “empresa productiva” de la muerte.
Pero lo peor de todo esto es que ese macabro negocio está ocurriendo ante las narices y los ojos de nuestras famosas autoridades competentes. Y nadie hace nada. Pues, de los famosos Consejos de Seguridad que se realizan a diario, no sale ni una política de seguridad urbana efectiva y realizable que permita afirmar que es una luz de esperanza y, sobre todo, de vida para acabar con los auténticos contratantes y empresarios de la muerte.
Publicado: noviembre 4 de 2020
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