Hace 4 años se perpetró el mayor fraude del que se tenga noticia en la historia de la perfectible democracia colombiana. Los resultados del tramposo Plebiscito del Gobierno Santos demostraron, que la nación estaba profundamente dividida y su sociedad enfrentada en cuanto a la forma de hacer la paz, no en cuanto a la necesidad de alcanzarla.
En lo único que acertaron las encuestas de la época, fue en advertir la racionalidad del voto por el No y la emotividad esperanzada del voto por el Sí, así como el probable triunfo del Sí en las regiones donde imperaba la fuerza de los violentos y del narcotráfico.
Que nadie se equivoque, lo que se votó no fue la Paz, fue lo impuesto por un grupo criminal a un Gobierno pusilánime, consignado en el mal llamado «Acuerdo Final», con el que, no solo, se premió y gratificó el delito y se consagró la más desvergonzada impunidad, sino que además, se violentó la Constitución Nacional y se quiso imponer un modelo económico regresivo, que solo ha traído pobreza, miseria y corrupción en los países donde ha sido acogido, por ser populista, totalitario, anarquista y absolutamente insostenible.
Hace 4 años, Colombia ganó porque antepuso la razón a la emoción, la legalidad al delito y la justicia a la impunidad; pero Santos con la anuencia de una Corte Constitucional politizada, burló el querer mayoritario de los colombianos y traicionó la tradición democrática de la nación.
Hace 4 años, a nadie le sorprendió, qué, ante su derrota, Santos, fiel a su oportunismo y celebre por hacer de sus derrotas triunfos y de sus errores aciertos, llamara «ciudadanos amigos de la paz» a quienes antes llamaba «guerreristas«, «imbéciles» y «mulas muertas atravesadas en el camino» por defender la legalidad.
No hay duda que la frondosa burocracia de su gobierno, sutilmente amenazada con la continuidad en el empleo, votó por el Sí, lo que hace pensar, cómo hubiera sido el resultado del plebiscito, sin el desvergonzado bombardeo publicitario del Gobierno; sin la obsecuencia de un Congreso dócil ante la prebenda; sin la obediencia de serviles funcionarios públicos; sin el apoyo de corruptos contratistas; sin la debilidad de los que se dejaron intimidar con el chantaje de la guerra; y, sin la fe de cientos de ciudadanos que le apostaron a la esperanza de un paz con impunidad renunciando a la razón y a la evidencia.
Al final, los incautos que votaron por el Sí se percataron, que antes que paz y sosiego, la violencia se atomizó y aumentó; que la impunidad trajo más criminalidad y anarquía; y, que los campos de Colombia se convirtieron en interminables feudos de cultivos ilícitos y de factorías de drogas.
Santos nunca fue depositario de la confianza de los colombianos y lo único que consiguió fue lo que compró o fletó, aunque esa vez, a pesar del uso indelicado, abusivo e irresponsable del erario, no pudo ni comprar ni fletar el triunfo.
Que nadie olvide, que Santos traicionó a sus electores en su primer período, se hizo reelegir con fraude, desconoció la voluntad popular en el Plebiscito, premio y gratificó a los más crueles y sanguinarios criminales, entregó el Mar de San Andrés sin recurrir una sentencia contraria a derecho plagada de nulidad, vendió a Isagén, acabó con la independencia energética de la nación, comprometió el Erario con Odebrecht, arruinó la hacienda pública, duplicó la deuda externa, agudizó el déficit fiscal, debilitó la educación pública, empobreció a los colombianos con tres reformas tributarias, contrajo la economía y fue indelicado y abusivo en el gasto. Santos, solo merece rechazo, repudio y condena.
Pero eso ya pasó, y para bien del Estado Social de Derecho, el llamado “Acuerdo”, ahora hace parte del pasado, y cada día la nación clama más por su abrogación, de manera que nunca jamás su abyecto contenido, sirva de referente para establecer las condiciones de desmovilización y sometimiento de grupos criminales; repito, de desmovilización y sometimiento, no de negociación.
Ahora, es tiempo de cerrar la brecha y de conciliar posiciones y opiniones encontradas sin sacrificar principios, valores ni convicciones, y de no volver a permitir que se violente la legalidad y se pervierta el Estado Social de Derecho.
Debemos seguir adelante, aunque lo más difícil lo estemos afrontando. Hoy se requiere rigor, valor, virtud y sabiduría para replantear todo lo que las Narcofarc le impusieron a Santos y para que el actual Gobierno restablezca la autoridad y reivindique la supremacía del Estado Social de Derecho frente a los cabecillas de un envejecido, fatigado y repudiado grupo criminal, que sigue delinquiendo y asolando el territorio nacional, y que logró hacer de Colombia el más grande vergel de cultivos ilícitos y el mayor productor de drogas.
Para poder avanzar es absolutamente indispensable, que todos los colombianos estemos de acuerdo, en que la paz es el resultado natural de la educación, la justicia y el orden, y no de la ilusión, y menos de la impunidad, y qué a pesar de nuestras diferencias, nos hermanemos para consolidar nuestra imperfecta democracia y fortalecer sus instituciones.
Es mucho lo que tendremos que hacer, para lograr que algún día Colombia sea una nación educada, civilizada, culta, pacífica y progresista. Entre tanto, Santos seguirá orondo ufanándose por el mundo, con un trofeo espurio y barnizado con el barro de la impunidad, y las Narcofarc burlando a las víctimas y fortaleciendo su negocio de la violencia y el narcotráfico.
¡Qué nunca jamás se vuelva a burlar la democracia colombiana!
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*Rafael Rodríguez-Jaraba. Abogado Esp. Mg. Litigante. Consultor Jurídico. Asesor Corporativo. Conjuez. Árbitro en Derecho. Profesor Universitario. Miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.
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