Uno de los testimonios más buscados en el proceso por el homicidio del dirigente conservador, Álvaro Gómez Hurtado, es el de los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela quienes purgan sendas sentencias en cárceles federales de los Estados Unidos.
Ellos, que fueron los cabecillas del ‘Cartel de Cali’ tienen información valiosísima sobre el magnicidio ocurrido en noviembre de 1995.
La familia del doctor Gómez Hurtado lleva años solicitándole a la fiscalía que facilite esas declaraciones, sin que las mismas se hayan podido llevar a cabo.
Durante la administración del cuestionado traficante de influencias, Eduardo Montealegre, los hermanos Rodríguez expresaron su voluntad de comparecer para ayudar a aclarar el asesinato, pero en una maniobra puramente disuasiva, Montealegre ordenó las capturas de algunos hijos de los capos y la incautación de sus propiedades.
El mensaje fue clarísimo: era mejor que no dieran su testimonio y así evitar mayores consecuencias judiciales contra su familia.
En su momento, fue evidente el interés de la fiscalía de Montealegre y de Perdomo por enredar y mantener engavetada la investigación del caso Gómez Hurtado. Su objetivo, para hacerle el favor a Samper, Serpa y demás agentes criminales del samperismo, consistió en ganar tiempo para que el crimen prescribiera.
Afortunadamente no lograron su cometido, y durante la administración del fiscal Néstor Humberto Martínez el asesinato fue declarado como crimen de lesa humanidad.
Uno de los objetivos más importantes de la agenda del fiscal Francisco Barbosa es el de lograr resultados concretos frente al caso del doctor Gómez Hurtado. Desde el día de su posesión a comienzos de este año, quedó claro que el país y la familia del dirigente por fin iban a conocer quiénes y porqué mataron a quien fuera, de lejos, uno de los hombres más importantes y respetables de la historia de Colombia.
En las últimas horas, trascendió una importante noticia a través del canal digital de la revista Semana: Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela -quienes están en el ocaso de sus vidas- nuevamente han accedido a colaborar con la justicia y a declarar lo que ellos conocieron del crimen.
Ese testimonio será fundamental, sobre todo ahora cuando se ha puesto en marcha una operación de encubrimiento y de desviación de la justicia por cuenta de la falsa y burda hipótesis de que el crimen fue cometido por las Farc, a través de una red urbana que fue creada 5 años después de que fue cometido el asesinato.
Como se ha repetido insistentemente, la extrema izquierda y el samperismo buscan que el caso sea llevado a la JEP para efectos de sepultar, de una vez y para siempre, a la verdad y entregar un cheque de impunidad a los determinadores del magnicidio, léase Ernesto Samper, Horacio Serpa y otros cuantos funcionarios del narcogobierno liberal que rigió los destinos del país entre 1994 y 1998.
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Urge entonces que la fiscal encargada de la investigación, la prestigiosa e incorruptible Elba Beatriz Silva, organice lo pertinente para desplazarse a los Estados Unidos con el fin de que, luego de 25 años, por fin pueda tomarse el testimonio de dos personas que tienen mucho por contarle a la justicia en relación con ese crimen atroz: los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez.
Publicado: octubre 29 de 2020
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