Hasta ahora sólo se ha conocido la versión que han publicado varios medios de comunicación en torno a un posible interés de la Fiscalía General de la Nación por entorpecer el proceso que se le sigue por un cohecho de $123 mil pesos a Esteban Ramos Maya, hijo del ex gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos.
Pero llama poderosamente la atención que las tres versiones que salieron a la luz pública este fin de semana son prácticamente similares. Lo que indica que se trató de la misma fuente que jugó a tres bandas y que seguramente les prometió a los tres medios la exclusiva. Cosa que no sucedió.
La publicación amañada de esta historia, permite entrever que se trató de una estrategia bien planificada para enlodar a toda costa a la Fiscalía, concretamente al Fiscal General Francisco Barbosa y al fiscal Gabriel Jaimes.
Otro hecho que genera suspicacia es que las supuestas injerencias de la Fiscalía se conozcan justo días después de que el ex fiscal Daniel Cardona, quien estaba al frente del proceso de Ramos, haya renunciado a su cargo.Luego de ser notificado de su traslado al departamento de Nariño, pidió vacaciones al tiempo que presentó su carta de renuncia. Situación que se aprovechó para extender un manto de duda sobre la investigación y para promover la tesis peregrina de que la Fiscalía quería favorecer con impunidad al hijo del exgobernador de Antioquia.
Los desaciertos de Cardona
Lo cierto es que a Cardona, tanto adentro como por fuera de la Fiscalía, se le venía cuestionado por la manera como estaba llevado este proceso que se inició por la compra de un tiquete de tan solo $123 mil pesos. Y por haberse equivocado en la imputación de cargos.
Todo comenzó en 2018. Por solicitud de la Corte Suprema de Justicia, Cardona tuvo que determinar si un preacuerdo entre el testigo Carlos Enrique Areiza Arango (quien se retractó de las acusaciones contra Luis Alfredo Ramos) y la Fiscalía era legal, lícito y si efectivamente tenía un soporte probatorio. En su investigación, Cardona no encontró ningún elemento que permitiera cuestionar el preacuerdo.
Sin embargo, cambió radicalmente el rumbo de su investigación tras darse cuenta de que el fiscal de la Unidad de Falsos Testigos, José Ignacio Umbarila, quien llevó a feliz término dicho preacuerdo, permitió ingenuamente que Esteban Ramos y su esposa Alexandra González le costearan de su bolsillo un pasaje de avión entre Pereira y Medellín para poder asistir a tiempo a una audiencia de verificación del preacuerdo, ante el Juzgado 16 Penal del Circuito de Medellín, el 3 de noviembre de 2016, a las 11:00 de la mañana.
En su reporte, que es un documento público, Umbarila señaló que pagó de su bolsillo el tiquete que costó $123 mil pesos, lo cual no era cierto. Por esta razón Cardona resolvió imputarle cargos.
Con ocasión de la imputación, Cardona cometió un error imperdonable en alguien de su experiencia, pues le formuló el delito de “falsedad ideológica en documento privado”, cuando no se trató de una relación privada, s no de una gestión directa de la Fiscalía y de un servidor público que firmó un documento público.
Expertos de la Fiscalía, se preguntan si se justificaba iniciar un proceso penal por un tiquete de $123 mil pesos. Distitnas fuentes, le confirmaron a LOS IRREVERENTES que aquella no fue la primera vez que Cardona se equivocó garrafalmente en la imputación de cargos, ya que otras veces había tenido que corregir errores, producto de su impericia y falta de talento en el ejercicio de su cargo.
Cardona también decide imputar cargos por cohecho a Esteban Ramos Maya y a su esposa Alexandra González, de cuya cuenta de ahorros se pagó el respectivo tiquete.
¿Un abogado intocable?
Otro hecho que causó mucha curiosidad es que quien propició la compra del tiquete para que Umbarila pudiera asistir a tiempo a la audiencia de verificación del preacuerdo en Medellín, luego de los problemas que tuvo el fiscal para tomar el vuelo que le asignó la Fiscalía (Manizales- Bogotá-Medellín), fue el abogado Leonardo Luis Pinilla Gómez, quien representaba a las víctimas en dicho proceso.
Fue él, como quedó consignado en el expediente, quien le recomendó a Esteban Ramos Maya que le comprara un tiquete a Umbarila en otra aerolínea para que pudiera cumplir la cita ante el Juzgado 16 Penal del Circuito de Medellín. Y este, a su vez, tomó prestada la tarjeta de su esposa para hacer la compra.
Sin embargo, Pinilla Gómez no fue vinculado al proceso.
“Este hecho llamó mucho la atención. No se involucra al abogado, curtido penalista, quien muy seguramente sí tenía conocimiento que con esta acción se estaría cometiendo una falta. Y sí se imputa a los esposos Ramos González que no saben nada de derecho penal y que al parecer actuaron de manera ingenua y de buena fe”, señaló un funcionario involucrado en la investigación del caso, quien agregó que “Cardona no se metió con Pinilla Gómez porque sabe que es un abogado poderoso. Por eso lo dejó quieto. Pero sí imputó a Ramos y a su esposa por el hecho de ser hijo y nuera del ex gobernador de Antioquia. Y todo por un pasaje de avión adquirido para facilitar la asistencia a una audiencia que finalmente no se llevó a cabo”.
Ahora será un comité técnico jurídico el que se encargará de evaluar todos estos hechos y de revisar la conducta de los indiciados, los elementos probatorios y, sobre todo, comprobar si efectivamente hubo dolo.
“¿Realmente sabían Ramos y su Esposa que estaban cometiendo un delito? Eso se deberá traducir en elementos probatorios como, por ejemplo, una conversación en donde quede en evidencia que efectivamente así lo estaban tramando de manera consciente”, puntualizó un experto conocedor del caso.
Lo cierto en todo este episodio es el objetivo que tienen los sectores enemigos del fiscal Barbosa, de enlodar su nombre y el del fiscal Gabriel Jaimes para minarlos y limitar su ejercicio profesional. La extrema izquierda, en cabeza de Iván Cepeda ha puesto en marcha un plan deleznable de liquidación moral contra todos aquellos que no se sumen a su propósito de perseguir al presidente Uribe con base en pruebas ilegales y testigos falsos.
La primera puntada de ese proyecto que es evidentemente cirminal, es la de armar una tramoya por un pasaje de avión de poco más de $130 mil pesos, dando a entender que se trata de un caso de corrupción de proporciones oceánicas.
Publicado: octubre 13 de 2020
4.5
4
5