Son preocupantes las noticias sobre las amenazas de muerte que ha recibido la juez 30 de control de garantías, Clara Ximena Salcedo, funcionaria judicial que el pasado 10 de octubre decretó la libertad inmediata del expresidente Uribe, quien permaneció secuestrado durante más de dos meses por la sala de instrucción de la corte suprema de justicia.
Luego de que el presidente renunciara a su curul en el Senado de la República, su proceso salió de la esfera de la corte, razón por la que aquel debía ser asumido por la fiscalía general de la nación, tal y como sucedió.
Como es sabido, después de varias semanas de audiencia y de haber evaluado todos los argumentos presentados, tanto de la defensa del doctor Uribe, como los de los rábulas Eduardo Montealegre y Jorge Fernando Perdomo Torres, la señora juez Salcedo decidió despachar la libertad del expresidente, toda vez que su detención era evidente y absurdamente ilegal.
En las últimas horas, la doctora Salcedo ha puesto en conocimiento de las autoridades una serie de amenazas y hostigamientos, luego de que notificara la libertad del exmandatario colombiano.
El gobierno nacional debe incorporar las medidas a que haya lugar para salvaguardar la integridad de la juez 30. Así mismo, los organismos de seguridad e inteligencia tienen el deber de emprender la investigación con el fin de determinar quiénes están detrás de las amenazas contra la funcionaria judicial.
Para nadie es extraño que la extrema izquierda montó en cólera cuando la doctora Salcedo informó su decisión de conceder la libertad de Uribe. Los cerebros del complot contra el expresidente necesitaban mantenerlo en condición de secuestrado, razón por la que se opusieron a que la investigación saliera de la corte suprema. Igualmente hicieron hasta lo imposible para impedir que el proceso continuara surtiéndose bajo la ley 906, que permite que el caso sea público.
Para ‘Don Iván’ y sus secuaces, es perentorio que nadie conozca la montaña de irregularidades, falsedades y montajes sobre los que se erigió el expediente por el que Álvaro Uribe fue injustamente privado de la libertad.
La juez Clara Ximena Salcedo obró en derecho. Nadie podrá decir que su determinación fue precipitada e irreflexiva. Para efectos de asegurar la legalidad de su determinación, a pesar de que la ley no se lo imponía, envió el asunto hasta la sala plena de la corte suprema de justicia, corporación que le dio la razón en el sentido de que el proceso contra Uribe, efectivamente debía surtirse bajo el sistema oral.
Igualmente, permitió que dos fantoches como Montealegre y Perdomo, posaran de víctimas para poder colarse a la audiencia y hacer de las suyas, dilatándola, maltratando al fiscal y a los abogados defensores.
Si algo debe decirse de la doctora Salcedo es que ella, en ese caso, ejerció con lujo de competencias su función de juez de garantías.
Por eso, es lamentable que haya desadaptados que estén amenazándola de muerte. En una sociedad democrática, los jueces no pueden sufrir ese tipo de agresiones ni presiones. Urge entonces que las autoridades competentes -que cuentan con las herramientas suficientes para llevar a cabo las pesquisas correspondientes- identifiquen y pongan en evidencia ante el país a los antisociales que pretenden acabar con la vida de la señora juez 30, doña Clara Ximena Salcedo.
Publicado: octubre 19 de 2020
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