En su impecable, argumentada, lúcida y completa intervención en la diligencia de libertad solicitada por los abogados del presidente Uribe, el fiscal delegado ante la corte suprema, doctor Gabriel Jaimes, puso en evidencia un hecho sumamente delicado: la violación del derecho al debido proceso de que fue objeto el exmandatario mientras la investigación estuvo en manos de la corrupta sala de instrucción de la corte suprema.
Para la fiscalía, no hay duda de que el proceso contra el presidente Uribe debe empezar casi desde ceros, pues los trámites y diligencias adelantadas por el magistrado-contratista al servicio del santismo, Cesar Augusto Reyes Medina no se compadecen con las reglas que fija la ley 906, que es el código de procedimiento penal que gobierna la investigación contra el doctor Uribe.
Según el fiscal Jaimes, quien hasta ahora comienza a leer el grueso expediente -saturado con pruebas falsas y chuzadas ilegales- en la diligencia de indagatoria practicada contra el doctor Uribe Vélez el 8 de octubre de 2019 se cometieron imperdonables abusos por parte del magistrado-contratista Reyes quien evidentemente, violó los derechos fundamentales del señor expresidente de la República.
Ahora, que en virtud de la ley 906 el proceso será público, se conocerá la totalidad de abusos y de ilegalidades. Mucho ha podido ver el país gracias a la valiente y muy profesional revelación que del expediente ha hecho la directora de Semana digital, Vicky Dávila, pero será con ocasión de la etapa de investigación que comenzará la fiscalía general cuando el país podrá palpar el nivel del montaje que la extrema izquierda y el santismo erigió en contra del presidente Uribe.
Ha quedado claro que el presidente Uribe fue víctima de una celada tendida por el sector más corrupto de la justicia colombiana.
Publicado: octubre 9 de 2020
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