Chile acaba de tomar la decisión más estúpida posible: tumbar la Constitución que le permitió ser un caso de éxito económico a nivel mundial. Y todo, como consecuencia de la debilidad con que el Gobierno Piñera afrontó las violentas manifestaciones que sistemáticamente sabotearon su administración desde el primer momento.
En vez de contener con autoridad esos estructurados brotes de violencia, el Presidente se arrodilló ante los desmanes, negoció las bases de la institucionalidad y le entregó a la izquierda el País en bandeja de plata. Ahora, la puerta está abierta para recorrer un camino de incertidumbre que puede no tener vuelta atrás.
Comencemos por el principio. En 1980 Chile promulgó su última Constitución, donde básicamente incorporó un modelo neoliberal de privatizaciones con un Estado mínimo que ejercía funciones subsidiarias. En otras palabras, el mercado y no el Gobierno era el responsable del desarrollo. Los resultados, indiscutiblemente, hablan por sí solos.
En primer lugar, en los 39 años de vigencia de la actual Constitución Chile logró incrementar el tamaño de su economía en un 872%, pasando de representar, en precios actuales, US$ 29.037 billones en 1980 a US$282.318 billones en 2019, lo cual dista radicalmente del modesto crecimiento que vio el País desde 1960 hasta 1980, donde tan solo aumentó en US$24.927 billones.
Además, el PIB per capita de Chile se triplicó bajo esta estructura de libre mercado, pasando de US$ 5.172 en 1980 a US$ 15.091 en 2019. De hecho, para poner esta cifra en contexto ese indicador en Colombia actualmente se ubica en US$ 6.432, un 57% menos que en el País austral.
En segundo lugar, mientras que de 1963 a 1970 la inflación en esa Nación osciló entre el 25% y el 47%, en los últimos 24 años Chile ha tenido un incremento promedio del costo de vida del 4.7%, a tal punto que solamente en 1995 y 2006 ese indicador superó los dos dígitos. Unas cifras que echarían de menos en Argentina, donde, sin mencionar las crisis inflacionarias de los 80´s, llevan 10 años con aumentos anuales de más del 20%.
En tercer lugar, a diferencia de Colombia donde la tasa de tributación es del 71.2%, en Chile se pagan en impuestos el 34% de las ganancias, lo que ha permitido posicionar a ese País como uno de los principales destinos de inversión de la región.
Lo anterior, no solamente se ha visto reflejado en el incremento de las utilidades del sector privado, sino en una mayor tasa de vinculación laboral, toda vez que desde 1991 hasta 2019 el desempleo ha oscilado entre el 4.3% en 1992, el punto más bajo, y el 11.3% en 2009, el más alto antes de la pandemia. Números sumamente positivos que ya quisiéramos tener en Colombia, donde llevamos 25 años tratando de disminuir este indicador a un solo dígito.
En cuarto lugar, la disciplina fiscal que ha gobernado el País ha permitido que para 2019 Chile tuviera un endeudamiento que representaba el 27.7% del PIB. Es decir, el cuarto más bajo de la región, gracias a lo cual le pudo inyectar un monto importante de recursos a la economía en medio de la pandemia, situación que no tuvo Colombia, dado que el incremento de la deuda del 38.8% al 50.6% del PIB que dejó Santos limitó considerablemente el margen de maniobra del Gobierno Duque.
Sencillamente, es imposible tener mejores indicadores. Lo más preocupante de todo, es que la constituyente se convoca en el peor momento, dado que el inconformismo reinante con el Gobierno conservador de Piñera oxigenará las candidaturas de izquierda, con lo cual no es nada raro que ese bloque obtenga las mayorías necesarias para imponer un Estado asistencialista que presta directamente los servicios y aumenta desbordadamente el gasto público y la tasa de tributación. Un camino que supo liderar Cuba, recorrió Venezuela y ahora observa de cerca Argentina.
Una verdadera lástima, consecuencia de no usar a tiempo la legítima autoridad del Estado para contener la violencia.
Publicado: octubre 28 de 2020
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