Desde antes de entrar en funcionamiento, la JEP estuvo involucrada en un bochornoso escándalo por cuenta de los malos manejos de su presupuesto, cuando esa entidad estaba bajo el mando administrativo de un sujeto famoso por sus cuestionamientos y maniobras oscuras: Néstor Raúl Correa.
Desde el comienzo, se supo que la jurisdicción creada para atender y garantizar la impunidad de los terroristas de las Farc iba a ser una guarida para la corrupción, donde reinaría el desorden y el desgreño.
Con ocasión de la aprobación del presupuesto para el año entrante, donde el Estado deberá destinar mayores recursos para atender a las poblaciones menos favorecidas y mayormente afectadas por los estragos económicos que está arrojando la pandemia, sectores de la extrema izquierda armaron una barahúnda alegando que el gobierno dejará morir por inanición a la JEP, al recortar su presupuesto en alrededor de $30 mil millones de pesos.
Lo cierto es que la presidenta de la JEP, Patricia Linares, pretendía hacer pasar una adición por ese monto, algo que es una real y absoluta vagabundería. Algo que el país no ha terminado de digerir es que, además de la impunidad, de la no reparación de las víctimas, de la no devolución de bienes, la JEP, con recursos públicos, sufraga los abogados de los terroristas de las Farc.
Con dinero del erario no solo se está pagando el salario de los jueces amañados que han hecho hasta lo imposible por encubrir a los genocidas sino a los abogados que contratan para participar en los vodeviles que intentan ser presentados como “procesos judiciales”.
El único resultado real, verificable y palpable que se le ha visto a la JEP, fue la absurda liberación del mafioso ‘Jesús Sántrich’. Han pasado cerca de 4 años de su creación y ningún cabecilla de las Farc ha sido sancionado, así sea de forma simbólica. Entonces, ¿para qué quieren $30 mil millones de pesos más el año entrante?
A la JEP hay que hacerle una reingeniería total y de fondo. Esa cueva de impunidad, es en la práctica una vena rota por la que se fugan miles de millones de pesos. En momentos en los que el Estado debe destinar recursos para el financiamiento de programas sociales necesarísimos, urge que se reorganicen entidades que resultan en extremo onerosas como efectivamente es la jurisdicción de las Farc, que está hiperburocratizada y que ejecuta el presupuesto en asuntos suntuarios que no son en absoluto admisibles, como por ejemplo multimillonarios gastos de representación de su presidenta, la extremoizquierdista Patricia Linares.
Además de los $30 mil millones por los que dan alaridos, bueno sería que el gobierno tomara la sana decisión de promover la eliminación de la JEP, para proceder con la creación de una jurisdicción que, además de garantizar la justicia, les cueste menos dinero a los contribuyentes.
Publicado: octubre 22 de 2022
4
5