Lo que fue presentado como una protesta pacífica y legítima de las comunidades indígenas del Cauca, está ad portas de convertirse en una conflagración social de incalculables consecuencias.
Mucho se ha dicho y escrito sobre la legitimidad de las protestas, pero la minga claramente no lo es.
Sus propios líderes han dicho, sin rubor de ninguna naturaleza, que la motivación es eminentemente política. Reconocen que el Estado ha cumplido los compromisos adquiridos con las comunidades en el marco de antiguas mesas de concertación.
No es este el momento para una movilización humana como la que estamos registrando, en la que se trasgreden irresponsablemente todas las normas de bioseguridad incorporadas por las autoridades para efectos de contener la expansión del Covid-19.
Esta minga no es una manifestación legítima, ni una movilización producida por unas demandas sustentadas. Estamos ante una acción tramposa que pretende desestabilizar al gobierno nacional, en el peor momento posible.
La crisis que agobia al Estado es, sin duda, una de las más graves de las últimas décadas. La situación económica es dramática. Millones de colombianos penosamente han visto afectados sus ingresos, producto de la contracción económica generada por la pandemia.
El gobierno, con inteligencia y gran destreza, ha logrado administrar la situación que ha paralizado al mundo entero. ha logrado llevar la asistencia y los programas sociales a todos los rincones del país, con el propósito de evitar un cataclismo.
Es oportunista e injusta la actitud de los líderes de la minga. En momentos críticos, es menester unir esfuerzos para evitar el colapso de la nación y no aprovechar las circunstancias para sacar ventaja, como está sucediendo con las comunidades indígenas que se han sumado a la minga que se desplazó aceleradamente hacia Bogotá.
Es lamentable que la alcaldesa de Bogotá haya puesto en grave riesgo la salud de los capitalinos con la actitud complaciente de su administración frente a los miles de indígenas que se desplazaron hacia esa ciudad.
Las imágenes eran en extremo elocuentes. Carpas superpobladas, con los miembros de la minga bailando y arengando sin la utilización de los elementos obligatorios de bioseguridad.
Acá no hay deudas históricas con los indígenas, como se ha dicho por parte de quienes estimulan la movilización con el propósito de hacerle daño al presidente Iván Duque. Aquello es una falacia. No pretendo negar las falencias sociales de nuestro país, pero reconozco los grandes avances en inversiones necesarísimas para asistir a lo más necesitados.
Las etnias indígenas han gozado de grandes beneficios, hecho que aplaudo. Pero aquello no les concede licencia para manipular la situación con el fin de desestabilizar al país, que insisto está pasando por un momento de grandes dificultades.
Vale la pena reflexionar sobre si esa minga no es, en realidad, un movimiento que pretende la grave alteración del orden público de nuestro país. Lo que hasta ahora hemos visto, es suficiente para encender todas las alarmas. El presiente de la República no hizo oídos sordos de las primeras demandas de las comunidades. Envió a un nutrido grupo de ministros y altos funcionarios con la instrucción precisa de entablar un diálogo constructivo con miras a identificar las soluciones necesarias para superar la crisis.
La actitud de la contraparte fue reprochable. Con altanería y patanería, despreciaron a los enviados del presidente con el cuento de que ellos solo hablarían con el primer mandatario, en un mensaje con evidente tufo de extorsión.
Habrá que poner toda la atención sobre los próximos movimientos de esa minga, alertando al gobierno e invitando a la Fuerza Pública a contener cualquier rebrote de violencia de los indígenas que intentan poner en jaque al gobierno de Colombia.
Publicado: octubre 19 de 2020
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