Cuando la periodista Vicky Dávila decidió publicar la totalidad del expediente del proceso que en ese momento cursaba en contra del expresidente Álvaro Uribe en la Corte Suprema de Justicia se expuso a ganarse unos enemigos monumentales. Vicky ya se encontraba en el ojo del huracán Santos al destapar algunos de los múltiples escándalos de corrupción de ese gobierno, especialmente el escándalo de Odebrecht que esperamos que algún día tenga repercusiones judiciales contra el verdadero culpable. Al ganarse la enemistad de ese aún muy poderoso sector, el santista, entró en aguas mucho más profundas al publicar la totalidad del expediente.
El expediente contra Uribe se encontraba bajo la reserva sumarial propia de la Ley 600, con esto dicho, lo legal es que ninguna parte de ese expediente hubiese sido publicado jamás. Pero Colombia es Colombia y las filtraciones se dieron, a cuentagotas, sacadas de contexto y, sin rastro de sorpresa, en artículos de periodistas abiertamente enemigos del expresidente Uribe. El columnista Daniel Coronell prácticamente hizo carrera al dedicar artículo tras artículo a sensacionalizar apartes de dicho expediente poniéndole su toque editorial que llevó a muchos colombianos a dudar de la inocencia de Uribe. A pesar de que estas filtraciones atentaban abiertamente con la presunción de inocencia nunca vimos ninguna investigación que culminara en la asignación de responsabilidades a los funcionarios judiciales que tenían la obligación legal de salvaguardar la información. El nombre del juego se llamaba acabar con Uribe y sus enemigos estaban ganando, hasta que Vicky Dávila publicó el expediente.
A raíz de la publicación de esos audios de audiencias y de interceptaciones telefónicas no le quedó ninguna duda a nadie, independientemente de su corriente ideológica o de amores y odios, de que el principal testigo contra Uribe, Juan Guillermo Monsalve estaba mintiendo. Además de eso, nos dimos cuenta de que la defensa del expresidente no tuvo la oportunidad de contrainterrogar al mal llamado testigo estrella, porque si eso hubiese pasado, la Sala de Instrucción de la Corte se hubiese quedado sin el más mínimo argumento para continuar con el proceso y mucho menos dictarle la medida de aseguramiento que lo privó de su libertad durante dos meses. Si no hubiese sido por esos audios nadie habría sabido que Monsalve fue el receptor de varios beneficios tales como, el asilo para su compañera y madre de su hijo Deyanira Gómez, que no se le trasladara a la cárcel de Valledupar, auxilios supuestamente humanitarios de parte de la ONG afín a Iván Cepeda para su familia y que viviese como un verdadero rey en la Picota. En la audiencia a Deyanira ella habla de la famosa finca cuyo origen ningún Magistrado se molestó en indagar a pesar de la evidente precariedad económica de la familia de Monsalve. Si no hubiese sido por una entrevista que Salud Hernández le hizo a Enrique Pardo Hasche en la que dijo que a Monsalve le dieron dinero y finca a cambio de su testimonio, nada hubiese trascendido. También nos enteramos por esos audios que Monsalve tenía conflictos con su familia porque contradecían sus versiones fantasiosas, hasta el punto de que su madre se enfermó por las mentiras de su hijo. No sobra recordar que hace apenas dos semanas la justicia obligó a Revista Semana a retirar de su página la parte del expediente que tenía que ver con las conversaciones entre los familiares de Monsalve, y en otro ataque a la libertad de prensa, el fallo ordenó la compulsa de copias a los periodistas. Curioso que eso nunca hubiese pasado con ningún articulo de Coronell.
La labor periodística también evidenció que el proceso que cursa contra el Representante Álvaro Hernán Prada, un apéndice del montaje contra Uribe, demostró que a pesar de que su testigo, Alias Caliche, confesó que él había mentido para lograr beneficios para su amigo o patrón Monsalve, la Corte simplemente no tuvo esto en cuenta. Prada entregó su celular y el contenido de todos sus chats, a diferencia de Iván Cepeda que alegó que se le había caído después de que el Magistrado Reyes, contratista de la paz de Santos, le advirtiera en la mitad de la audiencia que si contestaba esa pregunta se podría autoincriminar. Cabe recordar que el celular caído de Cepeda se quedó en el suelo porque nadie se molestó por solicitar un peritaje acerca de la posibilidad de recuperar su contenido.
A Vicky Dávila la quieren callar. En este momento se ejecuta una campaña de desprestigio originada en los sectores afines al candidato para la presidencia de Iván Cepeda, Gustavo Petro. Esta semana un portal de internet en el cual se publican las columnas de opinión de Los Gustavos (Petro y Bolívar) expuso un audio de un consejo de redacción de los periodistas de Vicky Dávila. En ese audio Jairo Lozano advierte que posiblemente al mayordomo del exembajador Sanclemente le van a retirar el principio de oportunidad de la Fiscalía. Lozano advierte que eso no se puede publicar y la razón es sencilla: los periodistas tienen que verificar la información antes de publicarla.
Esa conversación privada sin ningún rasgo de irregularidad ha sido utilizada por el sector político que no han encontrado la forma de derrotar al expresidente Uribe en las urnas para tejer un manto de duda acerca de la ética periodística de Dávila porque al ella publicar el expediente se cayó el montaje contra Uribe. Expreso toda mi solidaridad con Vicky y con Jairo, porque se están enfrentando a unos feroces enemigos de la verdad.
Publicado: octubre 18 de 2020
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