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El artículo 22 de nuestra Constitución Política dice: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”. Fue con fundamento en este corto, pero filosóficamente amplio artículo que Santos justificó el acuerdo con las Farc. Para Santos la impunidad disfrazada de justicia transicional impartida por un tribunal diseñado por las Farc y la participación en política de estos equivalía a paz. Para el sector que quiso ver más allá de la inmediatez de una fotografía de las Farc firmando un acuerdo vestidos de blanco en Cartagena una semana antes del plebiscito, era arrodillar las instituciones de un país ante unos narcotraficantes y criminales de lesa humanidad con ideas marxistas.

De lo único que se arrepiente Santos fue de haber sometido a la voluntad popular la implementación de semejante adefesio extorsivo porque no contaba con que los colombianos supiéramos interpretar lo que leíamos y que, por consiguiente, el No iba a ganar. De lo único que nos arrepentimos los que votamos por el No fue haber creído, aunque sea por una milésima de segundo, que la renegociación del acuerdo resultaría como mínimo en la exclusión de criminales de lesa humanidad de la política. El resultado de este penoso episodio de la historia de Colombia fue una polarización que únicamente se puede comparar con la época de la violencia bipartidista del siglo pasado.

Cuatro años después, a pesar de que el acuerdo fue firmado a las patadas dándole un golpe a la democracia, la división es aun más profunda. El resultado palpable es que los delincuentes de lesa humanidad están legislando, Juan Manuel Santos está gozando de las mieles de un nobel inmerecido y Álvaro Uribe está preso. A los vilipendiados del No nos quieren hacer ver como una especie de personajes cantaletosos que no pudimos superar que nos hicieran trampa, pero ¿qué tal si la situación hubiese sido al revés? ¿qué habría pasado si el referendo anticorrupción hubiese ganado y el gobierno Duque olímpicamente lo hubiese desconocido? El país estaría en llamas. Aunque pensándolo bien, el país está en llamas, porque Gustavo Petro, que tampoco tiene la más mínima noción del respeto de los resultados en las urnas fundó su oposición bajo el precepto de no dejar gobernar para crear el caos y acceder al poder en el 2022.

En el 2022 se va a librar una batalla final por la democracia. El país del No se va a enfrentar al país del Sí bajo el cual se cobijan los beneficiados por el acuerdo de Santos que simpatizan con los regímenes criminales de Cuba y Venezuela. Yo recuerdo que la primera vez que supe de la existencia de Álvaro Uribe Vélez fue cuando era un candidato a la presidencia que no superaba el 2% de popularidad. Yo vivía por fuera del país y vi una entrevista en la que le preguntaban que qué haría frente al Caguán. Uribe contestó sin titubear que lo acabaría. Me tocó anotar su nombre porque pensé en ese instante: por este es el que voy a votar. Haré lo mismo en el 2022 y votaré por el candidato que pueda decir sin titubear que acabará en derecho con lo que se hizo de la misma manera, porque lo que se creó en la Habana es la afrenta más grande a las instituciones de nuestro país.

El mejor argumento jurídico para enderezar esto se encuentra en el 22, ese pequeño artículo de la Constitución Nacional al que me referí. La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Pero la paz no se puede concebir en un Estado como la ausencia absoluta de conflicto porque eso sería una utopía. Nadie puede decir que los Estados Unidos no sea una nación en paz porque allá no se dispare un arma, es una nación en paz porque las instituciones son fuertes y están dirigidas a mantener la estabilidad en el orden público y jurídico. Si el artículo 22 se concibe de la manera correcta, es el argumento perfecto para combatir el fenómeno del narcotráfico, fuente de la violencia en Colombia y de acabar con todo lo que signifique impunidad.

Esperemos que el 2022 sea el comienzo del verdadero 22.

@ANIABELLO_R

Publicado: octubre 4 de 2020