Álvaro Uribe Vélez durante sus dos periodos de gobierno presidencial se caracterizó “por defender en Colombia el ordenamiento democrático y el Estado de Derecho, garantizar la seguridad y la libertad de la población, proteger los derechos humanos e impulsar la prosperidad económica y la equidad social del país”.
Por ello, no es extraño que haya quienes, sin ningún tipo de escrúpulos y actuando de mala fe, en especial los integrantes de la clase política izquierdista, quieran enlodar, desprestigiar el nombre y la gestión administrativa del expresidente Uribe Vélez con toda una variedad de procederes al margen de la ley.
Tras la decisión de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia de abrir una investigación y, posteriormente, dictarle a Uribe Vélez detención domiciliaria por la supuesta manipulación de testigos y fraude procesal, sus contradictores políticos y hasta personales, se dieron a la tarea de generar una especie de “justicia de opinión y, por ende, de condena”, en contra del exjefe de Estado.
No olvidemos que la presunción de inocencia, constituye hoy un derecho fundamental reconocido en la Constitución; por lo tanto, no se puede tratar como culpable a una persona a quién se le atribuya un hecho punible, cualquiera sea el grado de conjetura en la imputación, hasta que el Estado, por medio de sus órganos pronuncie una sentencia penal en firme que declare la culpabilidad y lo someta a una pena.
En el caso de Uribe Vélez, hay quienes no descansan en organizar una especie de “juicios paralelos”, en los cuales muchos “(…) asumen un papel que está asignado constitucionalmente a los jueces (…)”. Es decir, el de acusarlo, juzgarlo y condenarlo cuando todavía no se ha proferido sentencia alguna, con lo cual se infringe el principio de presunción de inocencia al que tiene derecho como persona.
Frente a esas circunstancias, la presunción de inocencia da la sensación de no existir para el expresidente por aquellos que no ven más allá de sus intereses personales y políticos, debido a la presión y los “juicios mediáticos” que hacen en su contra para así intentar influir en la toma de decisiones definitivas por parte de quienes son los encargados de administrar justicia en nuestro país.
Es indispensable saber que Álvaro Uribe Vélez, como a los demás ciudadanos colombianos, se le tiene que garantizar su presunción de inocencia en el ámbito judicial; pero la realidad viene demostrando que, en el ámbito extraprocesal, no se beneficia de dicha presunción. Esto porque lejos de recibir trato de “no autor” de los hechos que se le quiere imputar, soporta en muchas ocasiones las consecuencias de un “juicio de culpabilidad”.
Álvaro Uribe Vélez, quien hasta el momento lo único que tiene en su contra es que le han abierto una investigación y se le ha dictado una medida de aseguramiento para que no se defienda en libertad, seguramente demostrará, a lo largo del proceso, con todas las pruebas que tenga a su alcance, que no incurrió en ninguna violación legal.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia acaba de remitir el expediente del expresidente Uribe Vélez a la Fiscalía General de la Nación por falta fe competencia funcional para continuar conociendo de su asunto judicial.
Y ahora se espera, como muy bien lo expresa la senadora por el Centro Democrático, María del Rosario Guerra, “que la Fiscalía asuma el caso del presidente Álvaro Uribe con diligencia, objetividad, sin sesgos políticos y valorando todas las pruebas que antes fueron desconocidas” para determinar su inocencia.
Publicado: septiembre 2 de 2020
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