En los últimos días Colombia ha sido testigo de diferentes imágenes que han despertado una profunda sensación de desasosiego y dolor de patria. La muerte de Javier Ordoñez, a raíz de un evento de abuso policial, es un hecho no solo reprochable, sino sobre el que debe caer todo el peso de la ley y la sanción social.
La Policía, un cuerpo de más de 167 mil miembros han demostrado en la gran mayoría de las ocasiones ser una institución comprometida con la seguridad de la ciudadanía y con el respeto de los derechos humanos. Por esto la mejor forma de defenderla y proteger su legitimidad y confianza es siendo severos con las sanciones, judiciales y disciplinarias, de quienes actúan por fuera del marco de la ley, que vale recordar, son un número marginal ante la gran mayoría de funcionarios que sirven con patriotismo y honor.
Protestar sobre este hecho, era completamente legítimo, sin embargo, de la manifestación pacífica al vandalismo sistemático, que fue lo que prevaleció y tomó el protagonismo en las últimas jornadas, hay una gran diferencia y es un acontecimiento que no podemos aceptar de ninguna manera.
La violencia que hemos percibido en los últimos días no son hechos espontáneos, por el contrario, parecen estratégicamente planeados y con la participación de grupos delictivos organizados. Sólo así se puede explicar la quema de más de 54 CAI, el ataque al sistema de transporte, entre otras acciones delincuenciales. El Ministro de Defensa ha afirmado contar con información que probaría la participación de células de diferentes grupos armados, que han buscado por años la instauración del caos y del discurso antisistema en nuestra nación.
Esta conducta violenta, ha sido azuzada y casi aplaudida desde sectores políticos de la izquierda, que de manera irresponsable han usado sus redes sociales como gasolina para expandir los incendios, demostrando una vez más que lo único que les importa son sus pequeños y mezquinos intereses electorales. Estas instigaciones deben ser investigadas por la Procuraduría General de la Nación y las demás autoridades competentes.
Desde el gobierno y quienes hemos defendido la institucionalidad, no podemos ser ajenos a la realidad nacional, debemos recobrar el orden público, pero también debemos hacer una autocrítica que permita entender el descontento social, que tiene como combustible el crecimiento del desempleo y la crisis económica del país, para tomar las medidas necesarias.
Grandes retos se avecinan para nuestro país, y para enfrentarlos es importante que trabajemos juntos, desde diferentes sectores para respaldar la institucionalidad, recuperar el orden y el imperio de la ley. Los ataques del populismo se harán más fuertes cada día, y ya demostraron que para llegar al poder están dispuestos a incendiar lo que se les atraviese, empezando por las instituciones que mantienen en pie nuestra democracia.
Publicado: septiembre 16 de 2020
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