La exigencia rabiosa de reformar a la Policía Nacional no es porque algunos de sus integrantes abusen de su posición de autoridad policiva la cual generan acciones y hechos dolorosos e ilegales como el que cobró la vida del señor Javier Ordoñez, ¡no! Es porque no han podido implementar la totalidad de los acuerdos de La Habana que incluye la politización de las Fuerzas Armadas para que estén al servicio del gobernante de turno y no al servicio de la democracia y la constitución.
Minar la moral de los integrantes de las Fuerzas Armadas es una de las ultimas tareas y propósitos de la izquierda colombiana y latinoamericana. El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Javier Tamayo Jaramillo, en su última columna titulada “Atentos, la operación ya está en marcha” explica los alcances que se vienen implementando desde diferentes sectores de la sociedad e instituciones, incluido el poder judicial, para imponer la doctrina neomarxista.
Como no han podido demoler a las Fuerzas Militares desde sentencias judiciales emitidas por jueces que aplican “nuevo derecho o derecho de los jueces,” avanza el aniquilamiento moral de soldados y policías desde posiciones de poder como los ejercidos por Claudia López y Gustavo Petro, quienes, sin respetar el debido proceso, la investigación, y la presunción de inocencia, emitieron sentencia mediática y virtual contra la policía para inducir y alentar a jóvenes a perpetrar la acción más demencial, oscura, y desquiciada, contra los policías de Colombia, desde la misma institucionalidad.
Estos hechos criminales, terroristas, de barbarie, contra la policía no se veían desde que Pablo Escobar le declaro la guerra publica a la policía y pagaba por la cabeza de estos. Lo ocurrido el viernes fue parecido. Una acción criminal planeada, orquestada, y ejecutada con rigor contra la policía nacional. Lo grave no fue ver el odio desaforado de menores de edad y jóvenes contra la policía, sino la acción criminal y terrorista perpetrada contra los integrantes de la policía nacional trasmitida en vivo por varios medios de comunicación y en presencia de la sociedad.
Estamos advertidos, estamos notificados. Lo que esta pasando no es una acción política contra el gobierno del presidente Iván Duque, contra su gobierno, o contra el uribismo. Lo que ocurre es la operación final para desestabilizar las estructuras que soportan la vida democrática, política, económica y social de Colombia, para lanzarnos a la aventura populista, colectivista, fascista que representa Gustavo Petro.
Comprendo que el gobierno nacional y el presidente Duque deben manejar con cautela y pinzas este momento y los que han de venir, pero no se pueden seguir comportando como una monarquía. Es importante recordar que el gobierno nacional se debe a una representación política y a un programa de gobierno. El gobierno del presidente Duque no puede actuar como arbitro o conciliador, su deber es enfrentar con mayor firmeza estos momentos de desasosiego, incertidumbre y desolación, enviar mensajes que animen a la tropa, a los ciudadanos, quienes están ahí, atentos y firmes, dispuestos a apoyar las decisiones que permita enfrentar los días difíciles que están por venir.
Publicado: septiembre 15 de 2020
3.5