La decisión del Presidente de designar a Wilson Ruiz como nuevo Ministro de Justicia llega en buen momento. El interinato que se había generado tras la renuncia de Margarita Cabello no se podía prolongar por más tiempo y todavía con dos años por delante se pueden sentar las bases de las grandes acciones que requiere adoptar el sector.
En especial, de cara a una fundamental: la ampliación de la infraestructura carcelaria del País. Si bien es verdad hay otras discusiones importantes como la renombrada reforma a la justicia que se viene planeando hace 10 años, lo cierto es que la crisis humanitaria en los centros de reclusión no da espera.
En efecto, hace 11 años no se aumenta el número de cupos carcelarios en Colombia, lo cual ha generado que el hacinamiento en esos centros oscile entre el 53% y el 55%, dado que hay 123mil reclusos ocupando 80mil espacios.
Lógicamente, esta realidad genera dos alarmantes consecuencias. Por un lado, los presos se ven obligados a cumplir la detención en condiciones denigrantes que no cumplen con estándares mínimos de habitabilidad. Por otro lado, los centros de reclusión se consolidan como verdaderas universidades del crimen, toda vez que con tal nivel de hacinamiento es imposible pretender que se cumpla el fin de la pena de resocializar al reo.
A lo anterior, hay que adicionar el hecho que la población carcelaria se encuentra bajo el potencial riesgo de convertirse en focos incontrolables de contagio tanto del coronavirus como de todo tipo de enfermedades que se concentran en esos centros.
Frente a esto, el problema es que, como la mayoría de temas en el País, la gran dificultad que se afronta para solucionar esta problemática es de naturaleza presupuestal, dado que se estima que acabar con el hacinamiento carcelario costaría $12 billones de pesos, lo cual equivale al monto que se recauda, en promedio, en dos reformas tributarias.
Al respecto, si en tiempos normales esa suma era bastante difícil de encontrar, con el golpe económico de la pandemia es casi imposible, más aún cuando el nivel de endeudamiento del País ya roza el 60% del PIB y el déficit fiscal se estima que llegue al -8.2% este año.
Debido a esta situación, es urgente que el nuevo Ministro de Justicia ponga en marcha un estructurado plan para lograr este propósito. Ya sea que se acuda a vigencias futuras o se realicen asociaciones público privadas para la construcción de esta infraestructura, este es un tema que no da espera.
Aplazar esta discusión, como lo hizo la anterior administración, no solamente sería una irresponsabilidad histórica, sino que continuaría consolidando en el tiempo unas falencias estructurales del sistema de reclusión que lo único que genera es la promoción sistemática de la delincuencia como opción de vida.
Publicado: septiembre 18 de 2020
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