Es inaceptable que el Banco de la República haya reducido a niveles históricos la Tasa de Intervención (TI) a la que presta a los bancos, y éstos, de manera cínica y desvergonzada hayan aumentado las tasas de interés.
Es repudiable que en medio de la contingencia sanitaria que afrontamos, y cuyos efectos económicos y financieros día a día se siguen agravando, los bancos sigan haciendo su agosto con las urgencias, los afanes, las angustias y las necesidades de los usuarios de crédito, con lo que probablemente alcanzarán las mayores utilidades de las que se tenga noticia.
Aparte del dolor humano que nos asola por la pérdida de tantas vidas, la situación económica cada minuto se torna más delicada, agobiante e incierta, y es previsible y predecible, que se seguirá agudizando por la falta de ingresos corrientes de muchos y por los altos niveles de endeudamiento que tiene la población colombiana sin distingo de estratos sociales
Es claro que todos los sectores de la economía se han visto afectados, salvo el financiero, que antes en contrario, ha aumentado y seguirá aumentando sus jugosas utilidades gracias al aplazamiento o diferimiento qué durante tres meses hicieron en la exigencia de pago de los créditos y de las abusivas tasas de interés y costos que imponen y cobran de manera unilateral a los usuarios, sin haber detenido el contador de los intereses, o al menos, disminuido el valor de ellos, lo que de suyo, ha aumentado el monto de las obligaciones que deberán pagar los colombianos.
Es incomprensible e inaceptable qué en medio de semejante contingencia, los bancos sigan vejando y abusando el mercado, y que la Junta Directiva del Banco de la República, el Gobierno y el Congreso no hayan tomado decisiones y adoptado acciones para frenar este despropósito, o al menos, hayan atendido y estudiado la propuesta que por intermedio de la Academia Colombiana de Jurisprudencia me permití formular para modificar la metodología para establecer las tasas de interés en Colombia.
Ver: https://losirreverentes.com/el-gobierno-tiene-la-palabra/
En Colombia el mercado financiero está desbordado y el Gobierno por temor a mostrarse intervencionista no lo admite, y ha terminado siendo complaciente con los abusos. La tolerancia estatal acostumbró al ciudadano al sometimiento y la resignación; baste tan solo recordar los despropósitos del sistema UPAC, o peor aún, el origen del impuesto del 4X1000 cuando el Estado antes que castigar a los bancos por incurrir en malas prácticas y manejos irregulares, castigó a todos los colombianos con un tributo injusto y oneroso.
Es claro que el tecnicismo y la complejidad de las normas financieras desafía la comprensión de la población, lo que explica su conformismo e indefensión; también es claro, que la mayoría de los contratos financieros son asimétricos, lo que habitúa a los usuarios a la vejación y explica la falta de resistencia ante el atropello.
El Estatuto Orgánico del Sistema Financiero es un frondoso compendio de enmiendas, jirones y retazos normativos, en el que se regula en favor de las instituciones financieras, olvidando que el usuario es motivo y razón de su vigencia. Sobrecoge que tan intrincado reglamento, tan solo dedique un raquítico artículo a la Democratización del Crédito, que es palanca y motor de progreso en las economías sanas.
Desde hace varios años he venido proponiendo, que, de haber algún día un nuevo régimen financiero, éste establezca como premisa básica y fundamental, que el DTF sea la base de cálculo de todas las tasas de interés, y a partir de él, se fije el tope máximo a las tasas de colocación, remuneración, moratoria y de usura.
No se entiende, cómo en la actualidad, la base de cálculo de estas tasas la fijan los mismos bancos a través del Interés Bancario Corriente (IBC), que es el promedio ponderado de las tasas de interés que a su antojo cobran.
Si alguien no conoce mi propuesta, puede ver un resumen de ella en el siguiente video en Youtube, y si está de acuerdo con ella, le sugiero que lo reproduzca.
Ver: https://www.youtube.com/watch?v=0eiF1oV5Fvo&t=16s&ab_channel=LosIrreverentes
Al parecer el actual Gobierno no está interesado en corregir las graves fallas que aquejan el mercado financiero, ni está interesado en reconocer que su actual estructura es dañosa, y solo buena para concentrar la riqueza en pocos a costa del expolio de todos. Tampoco el Gobierno ha dado muestra de tener capacidad para estructurar un nuevo modelo económico y menos aún, de querer exponerse a la reprobación de los banqueros.
Para no quedarnos tan solo en la crítica inocua, nuevamente transcribo de manera literal mi breve propuesta, que es legal, posible y sostenible, y que, de acogerse, le devolvería al mercado la racionalidad, la simetría y la igualdad perdida.
PROPOSICIÓN EN CONCRETO.
Dada la grave situación sanitaria, social, económica y financiera que afronta la nación, la cual puede prolongarse y llegar a afectar todos los sectores de la economía, inclusive al mismo sector financiero, que de seguir cobrando tan onerosas tasas de interés corre el riego de no poder hacerlas efectivas ante la creciente iliquidez y evidente insolvencia que cada día más tendrá el mercado, y que con ello se pueda precipitar una crisis financiera con profundas repercusiones para el futuro del país, se propone lo siguiente:
Que el Gobierno Nacional, en ejercicio de las atribuciones que le confieren el artículo 215 de la Constitución Política y la Ley 137 de 1.994, así como en desarrollo de lo previsto en el Decreto 417 del 17 de marzo de 2.020, o en los que seguramente tendrá que expedir, y por medio de los cuales se declarará nuevamente un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, considere la conveniencia de modificar la metodología empleada para establecer las tasas de interés en Colombia, entre tanto culmina la emergencia sanitaria y se normalizan las actividades del sector productivo, y que la modificación establezca lo siguiente:
Que con el propósito de conjurar la crisis social, económica y financiera que ya se evidencia como consecuencia de la emergencia sanitaria declarada en el territorio nacional, el cálculo de la tasa de interés de colocación para todas las modalidades de crédito, tenga como base la tasa de interés de captación (DTF) y no el denominado interés bancario corriente (IBC), de manera que se mantenga la libertad de los establecimientos de crédito para fijar las tasas de interés de captación y colocación, siempre y cuando en ningún caso, la tasa de colocación para todas las modalidades de crédito, supere tres (3) veces la tasa de captación (DTF), y quien lo haga incurra en el delito de usura tipificado en el artículo 305 del Código Penal.”
Ahora bien, si no se quisiera asociar el DTF a la tasa máxima de colocación, también, y de manera supletiva se propone, que la tasa máxima de colocación no supere tres (3) veces la Tasa de Intervención (TI) a la cual el Banco de la República presta a los establecimientos de crédito, e inclusive, que la tasa máxima de colocación no supere tres (3) veces el Índice de Precios al Consumidor (IPC)”
Ahora bien, y para ser más rápida y fácil la reforma de la metodología utilizada para el cálculo de los intereses en Colombia, el Banco de la República de conformidad con lo establecido en el artículo 16, literal e de la Ley 31 de 1992, dispone de facultades para:
“Señalar las tasas máximas de interés remuneratorio que los establecimientos de crédito pueden cobrar o pagar a su clientela sobre todas las operaciones activas y pasivas, sin inducir tasas reales negativas.”
Pero al parecer, la actual Junta Directiva del emisor conformada en su mayoría por los ayer orondos y hoy vergonzantes aduladores y corifeos de Juan Manuel Santos, no tendrá el valor ni la decisión para ejercer esta función legal, lo que haría deseable que el Gobierno lo hiciera en uso de las facultades extraordinarias que tendrá, al declarar una nueva emergencia, social, económica y ambiental para minimizar la compleja situación social y económica que padece la nación.
Es claro que, de no hacerse la modificación que se propone, y ante la creciente desaceleración de la economía nacional, las obligaciones financieras de los colombianos se seguirán acumulando y encareciendo, y será poco probable que se pueda atender el pago de ellas y que los establecimientos de crédito las puedan redimir, lo que podría ocasionar una profunda y muy prolongada crisis social, económica y financiera que agudizaría aún más la agobiante situación que se vive.
Sería deseable, qué una vez superada la emergencia, el Gobierno promoviera la reforma que se propone, de manera que sea permanente, la cual la restituiría la equidad al mercado financiero, disminuiría el endeudamiento y aumentaría de manera ostensible la productividad y la competitividad nacional.
De no actuar el Banco de la República, el Gobierno y el Congreso pronto y con mano firme y decidida, la pandemia del abuso de los bancos comprometerá durante muchos años las posibilidades de recuperación económica de la nación.
¡No más tolerancia con los abusos de los bancos!
Publicado: septiembre 7 de 2020
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*Rafael Rodríguez-Jaraba. Abogado Esp. Mg. Litigante. Consultor Jurídico. Asesor Corporativo. Conjuez. Árbitro en Derecho. Profesor Universitario. Miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.
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