Suponemos que los jueces y especialmente los magistrados de las altas cortes, cómo máximos representantes del poder judicial, ajustarían sus providencias a las funciones que legalmente tienen establecidas, respetando la institucionalidad fundada en la Constitución de 1991. Sin Embargo, con tristeza hemos visto cómo durante los últimos años el aparato judicial ha emprendido una aventura legislativa, usurpando en múltiples ocasiones la labor del Congreso de la República.
Cómo si esto no fuera suficientemente grave, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia STC7641-2020 proferida el pasado 22 de septiembre, parece haber adoptado las facultades del Presidente de la República, dando ordenes frente al manejo de las fuerzas armadas y el orden público nacional. Todo lo anterior contrariando el artículo 189 de nuestra constitución, el cual dispone que el Presidente es el llamado a “dirigir la fuerza pública y disponer de ella como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de la República”.
El magistrado Álvaro Fernandez García, en su salvamento de voto frente a la sentencia ya mencionada, deja claro las extralimitaciones de la Corte en su pronunciamiento. “Se pretende obligar al legislador a actuar de una determinada manera y a los administradores públicos a un hacer concreto. Se quiere imponer una forma de legislar, y un estilo de administrar y gobernar. De esta manera los jueces estamos invadiendo la órbita de otros poderes públicos y eso no es lo que quiere la Constitución y estoy seguro que tampoco lo quiere la ciudadanía… No es la conducta que se quiere de los jueces” reza la argumentación presentada por el magistrado ante la sala civil.
Si bien hemos visto cómo algunos sectores del país y de la opinión pública, con sesgo ideológico, han celebrado el nombrado fallo, la discusión no puede quedarse en el plano político y de creencias personales. La discusión debe ser elevada al plano institucional y entender el horror que esta decisión significa para el equilibrio de poderes y para la estructura del Estado colombiano.
Nuestro país se ha acostumbrado a decisiones desproporcionadas por parte de un cúmulo de togados, que en múltiples ocaciones abandonan su rol de guardianes de la ley y la Constitución, para adoptar actuaciones políticas que más parecen las un candidato de elección popular que las de un juez. Vale la pena pregunta, ¿cuál habría sido la reacción de la opinión si hubiese sido el Congreso o el Ejecutivo quien invadiera las funciones de la Corte? Seguramente se hablaría de un acto dictarorial.
He insistido que como Estado debemos hacer una revisión profunda de la actuación de algunos jueces en nuestro país, de los limites de las Altas cortes, que lentamente han abonado el camino para “co-gobernar” en nuestra democracia.
Colombia necesita con urgencia una reforma integral a la justicia, una que solucione de fondo los problemas estructurales que afectan a la ciudadanía, una que garantice una justicia sin tintes políticos en sus decisiones, una justicia con la que los ciudadanos sintamos legitimidad y confianza. Es imperativo que como país avancemos en esa discusión y protejamos los principios que mantienen en pie nuestra democracia.
Publicado: septiembre 29 de 2020
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