Lo que está sucediendo en Bogotá, al registrarse el accionar de unos peligrosos vándalos intentando quemar policías vivos, destruyendo estaciones, acabando con todo lo que les pase por delante, tiene un solo antecedente: el 9 de abril de 1948, cuando una turbamulta enardecida acabó con la capital de la República.
Se ha dicho que los desmanes son consecuencia de la muerte del señor Javier Ordóñez, hecho que amerita una verdadera y profunda investigación. Las imágenes que se conocen del momento en que dos agentes reducían a ese ciudadano, utilizando descargas eléctricas con armas convencionales ‘Taser’, no son concluyentes ni permiten conocer el contexto general de la situación. Así como sería descomedido e irrespetuoso con la familia de la víctima decir que los policías involucrados son inocentes, resulta irresponsable y violatorio de los derechos constitucionales emitir juicios y prejuzgamientos contra los uniformados, sin tener todos los elementos a la mano.
Nada justifica lo que está sucediendo. Es sabido que los agentes de la extrema izquierda antidemocrática liderados por el exterrorista del M-19 Gustavo Petro, son los responsables directos del zafarrancho que se desató y que seguramente continuará rebrotando en algunos lugares del país.
Este es, sin duda, un desafío de los violentos a toda la sociedad. Y el gobierno no puede adoptar una actitud blanda, ni enviar mensajes de debilidad. Todo lo contrario. La reacción debe ser implacable. Este no es momento para los discursos, sino para las acciones.
Lamentablemente, los gobiernos nacional y distrital se dejaron medir el aceite por parte de los bandidos. Hay que decirlo con muchísima frustración: no han sido capaces de contener el orden público. Una manada de desadaptados, de bandoleros feroces y de salvajes sin ningún parentesco con la serenidad, desataron una catástrofe que cobró la vida de personas inocentes, tiene a centenares con heridas y desembocó en la destrucción total de locales policiales.
¡Claro que Petro y sus secuaces son los responsables de aquello! Pero esto debe trascender a la queja, la denuncia y los señalamientos en las redes sociales. El Estado colombiano, ese mismo que enfrentó con ardentía al narcoterrorismo de los años 80 y 90 del siglo pasado, que a comienzos de esta centuria tomó la determinación de acorralar a las Farc y demás grupos terroristas, no puede ahora bajar la guardia y permitir que una pandilla de enajenados debidamente manipulados y alienados, logren poner en jaque a la Fuerza Pública.
Que se haga la investigación por el caso del señor Ordóñez. Que los policías involucrados sean apartados temporalmente de sus trabajos, lo que no significa que se les irrespete el derecho al debido proceso y si un juez los encuentra culpables, que sobre ellos recaiga todo el peso de la ley.
Pero mientras ello sucede, la Fuerza Pública no puede continuar en estado de sometimiento. Llegó la hora de enviar una inequívoca muestra de autoridad para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos bogotanos que, con horror, registran la brutal arremetida de los desadaptados que, siguiendo instrucciones de Petro, buscan emular los lamentables hechos de 1985, cuando el M-19 quemó a personas vivas dentro del Palacio de Justicia. Ahora, los recintos son otros, pero las víctimas serán otros seres humanos.
Publicado: septiembre 11 de 2020
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