Hacía rato que la justicia en Colombia había llegado a su peor escenario con la venta al mejor postor de veredictos judiciales en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en el reciente capítulo vergonzoso de la vida nacional que se llamó el Cartel de la Toga.
Cuando pensábamos que había llegado a su peor estadio aparece la justicia selectiva de los jueces de la CSJ. Esa que desecha el testimonio que puede salvar a un ciudadano y escoge el que lo pueda incriminar.
¿Pero y quién investiga este tipo de situaciones que atentan contra el derecho a una justicia imparcial? ¿Están los jueces de la CSJ por encima de cualquier autoridad que pueden hacer lo que les venga en gana?
En Colombia, en un raro intríngulis, los jueces de los magistrados son los congresistas y a su vez los jueces de los congresistas son los magistrados. Los magistrados de las altas Cortes están cobijados bajo un fuero que hace que cualquier investigación penal tenga que ser adelantada por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Es decir, por los mismos congresistas que los eligen.
¿Es posible que los jueces tengan que resarcir a un ciudadano por los errores cometidos en un procedimiento?
Existen varios casos en que el Consejo de Estado ha condenado a la Rama Judicial a resarcir con mucho dinero a ciudadanos cuyo proceso había sido mal procesado.
¿Pero y cuál es el origen de la crisis que sufre la justicia colombiana por corrupción? El exministro de Justicia, Enrique Gil Botero, dijo hace mucho tiempo: “ya la corrupción hizo metástasis»
Es el momento de replantear y tomar correctivos severos desde todo punto de vista. Es el momento propicio para hacer converger a todos los sectores de la comunidad jurídica y empezar una verdadera reforma a la justicia que replantee y, a su vez, refuerce el proceso de selección de todos aquellos abogados que quieran pertenecer a la Rama Judicial, desde una apuesta que asegure que los mejores juristas sean los que lleguen a estas importantes plazas.
Pero el origen puede estar en la formación ética de los futuros profesionales en el Derecho. Es necesario que las mismas universidades proyecten la formación en la ética como una materia fundamental para sus estudiantes, y que le apliquen a la profesión estrictos procesos, seleccionando y evaluando a los estudiantes que aspiran entrar a la universidad.
Pero en la práctica se empezó a podrir en el gobierno de Samper Pizano y terminó de llegar a un estado de fetidez insoportable en el gobierno de Juan Manuel Santos.
El caso del presidente Uribe es patético, el Estado ha sido presa de la justicia colombiana y sobre todo la CSJ, la que se ha politizado a tal punto que lleven los procesos de manera flagrante y violatoria de todas sus garantías procesales, cayendo en tal descrédito que la reforma debe ser de inmediato llevada a cabo.
Publicado: septiembre 3 de 2020
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