Se amenazó con decretar un arresto contra el ministro, Carlos Holmes Trujillo, en caso de que no acatara una decisión judicial contenida en el cuestionado fallo de tutela emitido por la sala civil de la corte suprema de justica, donde -entre muchos otros dislates- le ordenaron al jefe de la cartera de Defensa “presentar disculpas por los excesos de la fuerza pública, en especial, aquéllos cometidos por los Escuadrones Móviles Antidisturbios de la Policía Nacional -ESMAD- durante las protestas desarrolladas en el país a partir del 21 de noviembre de 2019, las cuales deberán difundirse en el mismo término, por radio, televisión y redes sociales”.
Una exigencia absurda y evidentemente ilegal, que trasciende los linderos de las competencias de un juez de tutela. Como bien expresó uno de los magistrados que salvó su voto -el doctor Álvaro Fernando García-, “en toda la providencia, no solo se abusa de un exceso de normas y providencias de todo orden, con el único fin de sustentar unas decisiones finales que, según mi punto de vista se salen de las facultades de los jueces e invaden la órbita del legislador para repartir de forma desordenada y sin competencia, decisiones mandando a los distintos funcionarios hacer cosas que si bien pueden tener la intención de protección de manera general, no están encaminadas a evitar en caso concreto alguno la vulneración de derechos fundamentales”.
La orden en cuestión es disparatada e improcedente. Como bien dijo el abogado Iván Cancino: “Pedir perdón es un acto que implica responsabilidad. Es una orden que no puede dar un juez de tutela. Esta orden puede surgir después de un debido proceso y una condena civil, penal, de la CIDH”.
Harta razón le asiste al aquilatado jurista quien da en el clavo respecto de los límites de los jueces de tutela.
La iniquidad jamás puede ser acatada. Se sabe de lo proclive que ha sido el presidente Duque respecto de decisiones judiciales inauditas que sin embargo él ha “acatado”, hecho que genera desconcierto entre millones de ciudadanos, especialmente sus electores.
En las primeras de cambio, el ministro Trujillo había obrado con coherencia y valentía, al ratificar el carácter civilista de nuestra fuerza pública sin cumplir el ilegal mandato de la corte suprema. Horas después de su primera salida, desconcertantemente hizo una nueva comparecencia donde soltó una fórmula exótica en la que se refirió a unas excusas ofrecidas hace algunos días, tratando de caminar entre dos aguas. Al final, dejó la impresión de estar tratando de manejar jurídicamente la situación, cuando esto es un asunto puramente político. La policía no es una banda criminal, razón por la que -sin que haya un debido proceso- ninguna autoridad judicial, incluida la corte suprema, puede ordenar que un alto funcionario ofrezca excusas por algo que jurídicamente no ha sido probado.
Corría el año de 1944. La confrontación entre el agonizante régimen liberal y el dirigente conservador Laureano Gómez estaba en su punto más alto.
El liberalismo estaba contra las cuerdas como consecuencia de los cuestionamientos en relación con el asesinato de Francisco Atanasio Pérez, conocido como ‘Mamatoco’.
El 9 de febrero de aquel año, un juez prevaricador ordenó la detención de Laureano por cuenta de una denuncia por calumnia instaurada en su contra, por Alberto Lleras Camargo.
Cuando fue notificado de la existencia de una boleta de captura, Gómez se presentó ante la autoridad judicial. Su arresto, como era natural, despertó la indignación entre el conservatismo, generando una movilización masiva frente a la absurda determinación que delataba -una vez más- el desbordado nivel de la politización de la justicia.
Al día siguiente, el doctor Gómez Castro fue liberado. Antes de salir del calabozo, solicitó que en el expediente se plasmara una breve pero concluyente declaración: “Cuando los asesinos, los ladrones y prevaricadores están en el Gobierno, mi único sitio en el país es la cárcel. Desde allí hablaré hasta el fin”.
Aquella era la firmeza de carácter de quien fuera el jefe indiscutido del conservatismo colombiano.
Frente al tema puntual que ahora nos convoca, respetuosamente hay que decirle al señor ministro Trujillo -quien tiene la muy legítima aspiración de ser el candidato del uribismo en las presidenciales del 2022- que más vale estar en la ergástula reservada para los defensores de la seguridad y la libertad ciudadana, que en la calle cargando con el insoportable deshonor de haber ofrecido unas disculpas ordenadas por unos miserables prevaricadores enemigos del orden y al servicio de los facinerosos y los criminales.
Por el bien de nuestra democracia ¡bienvenido habría sido el arresto al que se enfrentaba el ministro de Defensa!
Publicado: septiembre 25 de 2020
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