Los mecanismos de participación ciudadana que fueron establecidos en la Constitución de 1991 se erigieron como un monumento que exalta la madurez democrática de nuestro país. Sin aquellos, la función de los ciudadanos se limitaba a acudir a las urnas para elegir al presidente de la República, a los miembros de las corporaciones públicas y a los gobernantes locales.
Los ciudadanos no somos ni podemos ser unos convidados de piedra, menos en un mundo como el actual donde todos tenemos acceso a mecanismos a través de los que podemos expresar nuestras opiniones.
Atrás quedaron los tiempos en los que la vocería ciudadana se tramitaba exclusivamente a través de los congresistas. Claro que aquella es importante y fundamental para los asuntos del día a día en la vida republicana, pero cuando se está frente a materias excepcionalísimas, el pueblo -que es soberano- merece ser convocado para que, a través de sus representantes, ejerza su poder de constituyente primario.
Los colombianos hemos permitido que la corrupción en la rama judicial se enerve durante largos años. El experimento de los constituyentes de 1991 fracasó. Desde el momento en que a las altas cortes se les asignaron funciones electorales, la judicatura empezó un acelerado proceso de desnaturalización.
Ningún país del mundo tiene tantos magistrados como Colombia. Estados Unidos, país que registra una población cerca de 7 veces más grande que la nuestra, cuenta con una corte suprema integrada por 9 personas, elegidas de forma vitalicia.
Nosotros, en cambio, tenemos un inventario inmenso: la Corte Suprema de Justicia -23 magistrados más los 10 que integran la sala de juzgamiento de primera instancia y la sala de instrucción y los 11 de la sala de descongestión laboral-; la Corte Constitucional -9 magistrados-; el Consejo de Estado -31 magistrados-; el consejo superior de la judicatura -6 magistrados- y la JEP -con 18 magistrados, sin incluir los 6 amicus curiæ-
En total, Colombia tiene la nada despreciable cifra de 108 magistrados de alta corte que encabezan una administración de justicia que no satisface las demandas ciudadanas y que goza de una inmensa impopularidad como resultado de los actos de corrupción, que ponen en entredicho la independencia y legitimidad de las decisiones que adoptan.
Hace pocos días, una emisora radial reveló que el expresidente de la Corte Suprema, Francisco Ricaurte -detenido en el marco de escándalo del “Cartel de la Toga”- anduvo buscando al presidente Uribe con el fin de transmitirle detalles hasta ahora desconocidos de la corrupción de la justicia en nuestro país.
Es perentorio que ese exmagistrado tenga la oportunidad de dar a conocer la información que dice poseer.
Independientemente de lo que vaya a revelar el señor Ricaurte, desde hace bastante tiempo el uribismo ha defendido la tesis de que Colombia necesita un cambio estructural en su administración de justicia. Las iniciativas que se han tramitado a través del Congreso infortunadamente han sido fallidas.
Y cuando el constituyente derivado no logra cumplir con los anhelos del pueblo, corresponde acudir a los mecanismos constitucionales para permitir que aquellos en quienes recae la soberanía, ejerzan su pleno poder.
No le temamos a la Asamblea Nacional Constituyente que estamos promoviendo desde el Centro Democrático. Nuestra propuesta, que goza del respaldo constitucional, merece ser analizada a la luz de las necesidades nacionales. La justicia es la base fundamental para el desarrollo de una democracia. Cuando esta se corrompe y se politiza, el Estado queda a la deriva y sus instituciones deslegitimadas.
Como colombiana, como uribista y como amiga suya, escribo estas líneas embargada por el dolor que me produce la injusticia que se ha cometido contra el presidente Álvaro Uribe. Pero este no es tiempo de llorar, sino de actuar. La lucha política continúa y ahora tenemos más ganas y más bríos para darla.
Publicado: agosto 10 de 2020
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